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Latinoamérica
La SSRP Fija Criterios para Operaciones de Seguros y Reaseguros, con Enfoque Basado en Riesgos
A través del Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022 se reglamentan las disposiciones de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Especialistas del sector hablan del impacto
La junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) fijó los criterios que como mínimo deben procurar todas las personas naturales y jurídicas –sometidas al control, autorización previa, fiscalización, supervisión, reglamentación, y vigilancia del ente regulador– para realizar operaciones de seguros y reaseguros en o desde Panamá, en cualquiera de sus ramos, y de fianza, en adelante “sujetos obligados del sector seguros”.
La reglamentación quedó establecida en el Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022, publicado este martes 03 de enero de 2023 en la Gaceta Oficial Digital No. 29693-A, “por el cual se reglamentan las disposiciones de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, como parte de las acciones que se han venido implementando para fortalecer la industria en Panamá, acorde con los estándares internacionales.
A través del acuerdo, la SSRP (entidad reguladora) ejercerá su rol de control, fiscalización, supervisión, reglamentación y vigilancia con un “enfoque basado en riesgo”, de los mecanismos de prevención establecidos por los sujetos obligados del sector seguros tanto del grupo A como del grupo B para identificar, evaluar, controlar, mitigar y monitorear aquellos riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que se encuentran expuestos.
La Superintendencia, además, tendrá acceso a la información financiera, comercial, operativa y administrativa de los sujetos obligados del sector seguros del grupo A y del grupo B, así como la información pertinente y relevante para medir la efectividad de los controles aplicados a los productos y servicios de los sujetos obligados del sector seguros, tanto del grupo A como del grupo B, incluyendo información y documentación relacionada con el consumidor del servicio de seguros, así como del beneficiario final (...).
Según fuentes cercanas a la industria en Panamá, la información solicitada en el presente acuerdo forma parte de la política del sector seguros y reaseguros de “conoce a tu cliente”.
Así estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones del acuerdo en mención las siguientes personas reguladas, sean persona natural o jurídica, y que solo para los efectos de este acuerdo y la Ley 23 del 27 de abril de 2015 se clasifican en: grupo A: Compañías de seguros y compañías de reaseguros. Mientras que en el grupo B: Aseguradoras cautivas, corredores de seguros, corredores de reaseguros, ajustadores de seguros y/o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuentas o de ventas de seguros, canales de comercialización alternativos, administradores de empresas aseguradoras, administradoras de aseguradoras cautivas, administradores de corredores de seguros y administradoras de reaseguros.
La Ley No. 23 del 27 de abril de 2015 “adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”. Las modificaciones a la Ley No.23 del 27 de abril de 2015 y el Acuerdo No.3 de 2015 tienen como objetivo que el sector de seguros y reaseguros de la República de Panamá pueda demostrar y asegurar el “fiel cumplimiento de los estándares internacionales que permitan mejorar nuestra calificación como país”.
Impacto en la industria
Para Louis 'Tito' Ducruet, CEO de Unity Willis Towers Watson para Panamá y Centroamérica, lo que se solicita ahora en el Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022 va más allá de temas de seguros. Además, se enfoca sobre clientes de ciertas características de primas y orienta la medida a un tema de riesgo que sí es un elemento nuevo que cambia el sentido de lo que se estaba realizando. “Nuestro país está bajo fuerte presión con relación a la transparencia y de esto no está exenta la Superintendencia de Seguros. Es importante poder salir de las listas en que nos mantienen y entiendo que esto es una forma de demostrar que el país está buscando mejorar la forma de recopilar información”, apuntó Ducruet.
“Nuestro país está bajo fuerte presión con relación a la transparencia y de esto no está exenta la Superintendencia de Seguros. Es importante poder salir de las listas... esto es una forma de demostrar que el país está buscando mejorar la forma de recopilar información” Indicó que la inclusión de los seguros y reaseguros al tema riesgo hace el proceso “mucho más complejo”, y quienes no tengan los recursos para invertir en las nuevas obligaciones, de seguro verán afectado su negocio. “Ya desde hace años se había implementado el oficial de cumplimiento en los corredores y cumplimos con todo un proceso”, pero “ahora (con el Acuerdo No. 03 del 24 de noviembre de 2022), será mucho más detallado. Creo que una característica en la industria aseguradora es la agilidad de hacer el negocio y estas normas no dejarán que el mismo se desarrolle de la mejor manera. Los costos operativos de las aseguradoras y corredores van a aumentar, y los procesos de emisión serán más lentos”, advirtió Ducruet.
Sin entrar en los detalles de la información que ahora se solicitará al cliente, a Ducruet le llama la atención que “no” se haya implementado integralmente este proceso desde su inicio, tomando en cuenta que un alto porcentaje de las pólizas se origina de la compra de un bien mueble o inmueble, de un préstamo, de la necesidad de seguros de la empresa o la persona, y en casi todas estas situaciones se debe recoger la información del cliente al momento de la compra del bien, del auto, de un préstamo, etc.
“Si ya intervino una institución financiera regulada o una entidad no financiera regulada o de un abogado que creó la sociedad, sería más sencillo obtener la información de cualquiera de estas entidades sin tener que poner al cliente a completar la misma información que ya debió completar”, afirmó Ducruet.
Insistió en que no hay que olvidar que la gran mayoría de los seguros se obtiene luego de haber adquirido un bien o haber asumido una responsabilidad financiera. “A mi parecer, puede ser muy sencilla la implementación de lo que se quiere lograr si hay voluntad de las diferentes entidades reguladoras que están solicitando casi lo mismo”, concluyó.
Fortalecen la industria “El nuevo acuerdo (es) una visión a las fortalezas del sector en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, señala la SSRP en una nota publicada recientemente en su página web. En agosto pasado, la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) y la World Compliance Association firmaron un compromiso para fortalecer de alguna manera entre todas las empresas de seguros los controles con respecto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Venimos trabajando fuertemente de la mano con la SSRP los compromisos de cumplimiento de la debida diligencia; y con este acuerdo lo que hemos hecho es reafirmar ese compromiso; y lógicamente lo que estamos buscando con esto es que de parte de la industria estamos contribuyendo a salir de las listas grises”, apuntó en su momento el presidente de la Apadea, Carlos Tribaldos.
Desde junio de 2019, Panamá se encuentra en la lista de “jurisdicciones con deficiencias estratégicas” o “lista gris” de paraísos fiscales del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en exigencia del cumplimiento del plan de acción que se comprometió para mejorar los estándares internacionales. Según el Gafi, Panamá debe completar su plan de acción a más tardar para el mes de febrero de 2023 o el grupo considerará tomar medidas.
Entre los pendientes del plan de acción están, precisamente: garantizar la verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas; el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y seguir implementando las medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales; y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros.
En una publicación de marzo 2022, Fitch Ratings consideró que “la regulación del sector de seguros de Panamá está menos desarrollada con respecto a los estándares mundiales, en aspectos como el régimen de capital y el proceso de supervisión y vigilancia”.
En su momento, indicó que “Panamá tiene como objetivo implementar las normas internacionales de información financiera (NIIF) como su nuevo marco regulatorio de valuación de reservas técnicas. Pero debido a la pandemia, los ejercicios se postergaron durante los últimos dos años”.
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Latin America
The SSRP Sets Criteria for Insurance and Reinsurance Operations, with a Risk-Based Approach
Through Agreement No. 03 of November 24, 2022, the provisions for the prevention of money laundering and financing of terrorism are regulated.
Industry specialists talk about the impact
The board of directors of the Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama (SSRP) established the criteria that, at a minimum, must be followed by all natural and legal persons –subject to the control, prior authorization, control, supervision, regulation, and surveillance of the regulatory entity– for carry out insurance and reinsurance operations in or from Panama, in any of its branches, and bonds, hereinafter "obligated subjects of the insurance sector".
The regulation was established in Agreement No. 03 of November 24, 2022, published this Tuesday, January 3, 2023 in the Official Digital Gazette No. 29693-A, “by which the provisions for the prevention of money laundering are regulated. The financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction", as part of the actions that have been implemented to strengthen the industry in Panama, in accordance with international standards.
Through the agreement, the SSRP (regulatory entity) will exercise its role of control, supervision, supervision, regulation and surveillance with a "risk-based approach", of the prevention mechanisms established by the obligated subjects of the insurance sector, both from group A and group B to identify, evaluate, control, mitigate and monitor those risks of money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction to which they are exposed.
The Superintendency will also have access to the financial, commercial, operational and administrative information of the obligated subjects of the insurance sector of group A and group B, as well as pertinent and relevant information to measure the effectiveness of the controls applied to the products. and services of the regulated entities of the insurance sector, both group A and group B, including information and documentation related to the consumer of the insurance service, as well as the final beneficiary (...).
According to sources close to the industry in Panama, the information requested in this agreement is part of the policy of the insurance and reinsurance sector of "know your client".
Thus, the following regulated persons, whether natural or legal person, will be subject to compliance with the provisions of the aforementioned agreement, and that only for the purposes of this agreement and Law 23 of April 27, 2015 are classified as: group A: Companies insurance and reinsurance companies. While in group B: Captive insurers, insurance brokers, reinsurance brokers, insurance adjusters and/or damage inspectors, insurance agents, account or insurance sales executives, alternative marketing channels, insurance company administrators , captive insurance managers, insurance broker managers and reinsurance managers.
Law No. 23 of April 27, 2015 "adopts measures to prevent money laundering, financing of terrorism and financing of weapons of mass destruction, and dictates other provisions." The modifications to Law No.23 of April 27, 2015 and Agreement No.3 of 2015 have as objective that the insurance and reinsurance sector of the Republic of Panama can demonstrate and ensure the "faithful compliance with the international standards that allow us to improve our qualification as a country”.
Industry Impact
For Louis 'Tito' Ducruet, CEO of Unity Willis Towers Watson for Panama and Central America, what is now requested in Agreement No. 03 of November 24, 2022 goes beyond insurance issues. In addition, he focuses on clients with certain premium characteristics and guides the measure towards a risk issue that is a new element that changes the meaning of what was being done. “Our country is under strong pressure regarding transparency and the Superintendence of Insurance is not exempt from this. It is important to be able to get off the lists that they keep us on and I understand that this is a way of showing that the country is looking to improve the way it collects information,” Ducruet said. “Our country is under strong pressure regarding transparency and the Superintendence of Insurance is not exempt from this. It is important to be able to get off the lists… this is a way to show that the country is looking to improve the way of collecting information”, Ducruet said.
“Our country is under strong pressure regarding transparency and the Superintendence of Insurance is not exempt from this. It is important to be able to leave the lists... this is a way of demonstrating that the country is seeking to improve the way of collecting information”. He indicated that the inclusion of insurance and reinsurance to the risk issue makes the process “much more complex”, and Those who do not have the resources to invest in the new obligations will surely see their business affected. “The compliance officer had been implemented in the corridors for years and we complied with a whole process”, but “now (with Agreement No. 03 of November 24, 2022), it will be much more detailed. I believe that a characteristic in the insurance industry is the agility of doing business and these regulations will not allow it to develop in the best way. The operating costs of insurers and brokers will increase, and the issuance processes will be slower,” Ducruet warned.
Without going into the details of the information that will now be requested from the client, Ducruet is struck by the fact that this process has "not" been fully implemented since its inception, taking into account that a high percentage of the policies originate from the purchase personal or real property, a loan, the need for company or individual insurance, and in almost all of these situations, the client's information must be collected at the time of purchasing the property, the car, or a loan, etc.
"If a regulated financial institution or a regulated non-financial entity or a lawyer who created the company has already intervened, it would be easier to obtain the information from any of these entities without having to ask the client to complete the same information that they should have already completed" said Ducruet.
He insisted that we must not forget that the vast majority of insurance is obtained after having acquired an asset or having assumed a financial responsibility. “In my opinion, the implementation of what you want to achieve can be very simple if there is a willingness from the different regulatory entities that are requesting almost the same thing,” he concluded.
They strengthen the industry "The new agreement (is) a vision of the strengths of the sector in the fight against money laundering, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction," says the SSRP in a published note recently on their website. Last August, the Panamanian Association of Insurers (Apadea) and the World Compliance Association signed a commitment to somehow strengthen controls regarding money laundering and terrorist financing among all insurance companies. “We have been working closely with the SSRP on the commitments to comply with due diligence; and with this agreement what we have done is reaffirm that commitment; And logically what we are looking for with this is that on behalf of the industry we are contributing to getting out of the gray lists”, the president of Apadea, Carlos Tribaldos, pointed out at the time.
Since June 2019, Panama has been on the list of "jurisdictions with strategic deficiencies" or "grey list" of tax havens of the Financial Action Group (GAFI), in demand of compliance with the action plan that was committed to improve standards international. According to the FATF, Panama must complete its action plan no later than February 2023 or the group will consider taking action.
Among those pending in the action plan are precisely: guaranteeing adequate verification of updated information on beneficial owners by the obligated entities; timely access by the competent authorities, establishing effective mechanisms to monitor the activities of offshore entities and continuing to implement specific measures to prevent the misuse of nominee shareholders and directors; and demonstrate your ability to investigate and prosecute money laundering involving foreign tax crimes.
In a March 2022 publication, Fitch Ratings considered that "the regulation of the insurance sector in Panama is less developed compared to world standards, in aspects such as the capital regime and the supervision and surveillance process."
At the time, he indicated that "Panama aims to implement international financial reporting standards (IFRS) as its new regulatory framework for the valuation of technical reserves. But due to the pandemic, the exercises have been postponed for the last two years.”
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