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Expresiones de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA)



Con la firma de su presidente, Jorge Luis Gambardella, FAPASA se dirigió a las autoridades, ante lo dispuesto por la Resolución N° 90/2001 del Ministerio de Economía sobre los métodos de cobranza admitidos para operaciones emitidas a partir del 1° de julio de 2001. A continuación transcribimos el texto de su mensaje.


Poco tiempo después de la designación del nuevo Superintendente de Seguros, el actual Ministro de Economía vuelve a incursionar -redimensionando el viejo error- en el tema de la cobranza de premios de seguro.
Por un lado, en el Organismo de Control, se ubica a un profesional que ha estado vinculado largamente a la actividad, del cual podríamos esperar aportes de conocimiento y talento; por el otro, la actual conducción económica, ni siquiera repara en la clara experiencia negativa del régimen anteriormente impuesto (Resolución N° 429 ME, Resolución N° 27.627 y Circular N° 4.192 SSN) y produce su propio exabrupto: la Resolución N° 90.
Queda así restablecida la "normalidad" del agravio y la incertidumbre a cerca de "lo que vendrá" para asegurados/asegurables, productores asesores, y no pocos aseguradores. A menos que esto sea el primer paso de un Plan de Competitividad para bancos y empresas especializadas en cobranza; sector poderoso, aunque tan escaso en número como en bocas de atención fuera de la Ciudad Autónoma, el Gran Buenos Aires o los grandes centros urbanos.
Nuestra Federación ya se ha pronunciado en contra del anterior engendro, y también de la actual imposición.
Aparecida la Resolución N° 90/2001 del Ministerio de Economía -el mismo día 11/05/01 que se publicó en el Boletín Oficial- analizamos, junto con las distintas APAS provinciales y/o regionales que conforman FAPASA, la ejecución de un plan de emergencia. Comenzamos las gestiones ante las autoridades en oportunidad de la entrevista que mantuviéramos con el señor Superintendente de Seguros de la Nación, Dr. Juan Pablo Chevallier-Boutell, el día 14 de mayo pasado, y continuamos luego con otros funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y así proseguiremos reclamando y bregando por su derogación, paralelamente al desarrollo de las reuniones de esclarecimiento y debate que están llevando adelante los colegas de todo el país. Es inaceptable tolerar tanta agresión e iniquidad, y menos calladamente; ya que dice llevarse a cabo en nombre de la transparencia..., la adecuada protección del asegurado..., y otras mendacidades por el estilo.
Por otra parte, en un contexto recesivo y de crisis de vastos sectores, resulta incoherente que un Gobierno que ha señalado a la falta de crédito como uno de los factores más negativos de la economía nacional, que se encuentra refinanciando con nueva deuda sus obligaciones internas y externas, prive a los empresarios de nuestro sector del poder definir y adecuar sus políticas de cobranza a las posibilidades de los clientes.
Se agrava la condición de quienes residen en el interior, esencialmente de quienes con su trabajo aportan lo mejor y menos reciben; se insiste en forzar las transferencias de capital y gestión, sobre todo a quienes componen el sector de las PyMEs.
Ni la recaudación tributaria ni el control de los aseguradores necesitan de este retorcido sistema de cobranza, que se entromete en una zona esencialmente sujeta a la decisión y criterio del comerciante y el cliente, impone una costosa tercerización, acentúa la desocupación, y aumentará la litigiosidad.
Sobre ese último aspecto, es muy probable que los magistrados, en el sano ejercicio del equilibrio de poderes, fallen esos conflictos a favor del asegurado cuando se trate de casos en que, por vía reglamentaria, lo "pagado" se considere "no pagado" ; pero no hay nada peor que un sistema asegurador que lleve al asegurado a recurrir al juicio para el debido cumplimiento de las obligaciones.
Es cierto que también hubo otros, además de los bancos y el ministerio de economía, que impulsaron la medida; algunos aseguradores recibieron esto (la Resolución N° 90 ME) como una decisión ajena y una voluntad propia.
Queda claro que la cuestión excede los intereses de los productores asesores, pasando a afectar en su conjunto a todos cuantos aportan al sistema en busca de protección. Por eso, además de expresar nuestra clara oposición, consideramos que de todos ellos también debería surgir una exhortación para que el Estado deje de lado la instrumentación de esta nefasta Resolución N° 90 y otros atropellos semejantes.

Jorge Luis Gambardella
Presidente



 
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