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Desregulación de las Obras Sociales: Ahora Suspendida por Decreto



Se la acusa de ser una medida financiera antes que sanitaria, y de enfrentar a todos los sectores entre sí y a cada uno con el Gobierno sin resolver la crisis de salud del país. El gran desafío es una ley que logre el complemento de todos los agentes en un marco de transparencia y eficiencia.


El Decreto N° 377 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) suspendió a fin de marzo pasado la desregulación de las obras sociales que debía entrar en vigencia el 1° de enero de 2001 pero que se hallaba paralizada de hecho por la Justicia y por la falta de interés de los operadores privados de participar del nuevo negocio de la salud.
El alto costo político y la amplia oposición que despertó una suerte de competencia regulada que hubiera abarcado sólo a quienes conservaran empleo formal -en un país en el cual la situación sanitaria muestra un agravamiento singular en el último decenio- llevaron a las autoridades gubernamentales a rever la medida. En efecto, el Programa Médico Obligatorio (PMO) no alcanzaba ni a los trabajadores no registrados, que ascienden al 38,6%, ni a los desempleados, aproximadamente el 15%, ni a los autónomos.
La nueva norma del PEN suspendió por tanto los Decretos N° 446, 1.140 y 1.305, todos del año 2000, con los cuales se pretendió lanzar un sistema que incrementaba el desempleo (y con él, la cantidad de excluidos del PMO).
La suspensión de la desregulación lleva las firmas del presidente Fernando De la Rúa, del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo y de los ministros Domingo Cavallo, Héctor Lombardo y Patricia Bullrich.
La competencia entre obras sociales y empresas de medicina privada fue planteada inicialmente para las obras sociales sindicales y las prepagas, pero posteriormente se anunció su ampliación al PAMI y a las obras sociales provinciales, sin delimitar claramente cómo se los incluiría. Este ha sido otro de los puntos más cuestionados: el futuro de los fondos del PAMI y la asistencia sanitaria de las provincias, en las cuales se pone muy claramente en evidencia que el gasto en salud no se realiza en forma homogénea y proporcional a la cantidad de habitantes del país.
Tal como reconoció el superintendente de servicios de Salud Rubén Cano en la audiencia pública que diera el 18 de enero pasado, la desregulación de las obras sociales formó parte de la matriz de condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales para otorgar el blindaje económico. La reforma previsional se inscribió en la misma línea. Sin embargo, el desgaste que ambas medidas trajeron llevó al Gobierno a replantear los términos en los cuales deberían realizarse las negociaciones con los acreedores externos.
Para las Naciones Unidas, la salud es una variable del desarrollo humano, y éste se halla intrínsecamente ligado al trabajo. Motivo por el cual resulta llamativo que una medida supuestamente sanitaria provoque incremento del desempleo, como sucede con la desregulación. Muchas voces se alzaron en los últimos tiempos para advertir el carácter eminentemente financiero de la disposición de las autoridades de salud. En el plano de la Constitución Nacional, un programa asistencial y preventivo básico es un derecho de todos los argentinos y, tal como estipulaba el elaborado por las autoridades sanitarias, debe excluir la selección del riesgo. Para ello, los especialistas sostienen que es preciso lograr la complementación de todos los agentes de salud y la transparencia de gestión, al tiempo que se debería eliminar la intermediación, que, en este caso, sólo sirve para abultar los gastos del sistema sin mejorar sus resultados.
Por tal motivo, las fuentes consultadas destacaron que es preciso reabrir el diálogo con los gremios, los prestadores y las prepagas. Los prestadores y los profesionales de la salud continúan siendo los eslabones más débiles del sistema: los primeros, porque están saturados de deudas que redes y gerenciadoras dejaron impagas ($ 1.520 millones); y los segundos (al menos en el sector público y en muchas obras sociales), porque cargan con los riesgos de inapropiadas condiciones de trabajo mientras que se encuentran sobrepasados por las demandas asistenciales crecientes de la población.
Más allá de que el Gobierno esté evaluando la realización de concesiones a los gremios de mayor envergadura, como la devolución de 37 millones retenidos por la DGI, las autoridades parecen comenzar a tomar conciencia de que en un país fuertemente sacudido por la mortalidad infantil, materna y por la proliferación de las llamadas enfermedades de la pobreza (ver nota "La Salud de las Provincias" ), las cuestiones sanitarias deben ser debatidas y reguladas por ley. La fácil apelación a los decretos ha demostrado ser un arma que se vuelve en contra del bienestar común y de la gobernabilidad de la Nación. Y por ello, desalienta también la inversión y el crecimiento.

Marisa C. Rombolá

 
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