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Cómo Reducir la Alta Volatilidad de los Costos de la Sentencia



Cuantificación de Daños Personales, Publicidad de los Precedentes y Posibilidad de Generar un Baremo Flexible a los Fines de Facilitar Decisiones Homogéneas y equilibradas.


El presente trabajo es una síntesis del seminario conducido por el Dr. Carlos G. Gregorio, profesor de Jurimetría de la Universidad Torcuato Di Tella, durante las Jornadas de "Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional", organizadas por el Institute for International Research. Colaboraron en la elaboración del mismo la Dra. Elena I. Highton y la Dra. Gladys S. Alvarez.

Presupuestos y Fines de Este Aporte

Este trabajo parte de algunos presupuestos que se consideran inherentes a estos tiempos en que se pone en tela de juicio el sistema de los tribunales. Entre tales principios se computa ocmo un valor el aprovechamiento de la interdisciplina, dándole especial importancia a la publicidad e imagen de transparencia de las desiciones judiciales.
Los autores consideran que los jueces deben contar con elementos que den soporte a la seguridad jurídica y, asimismo, ponderan la conveniencia de integración de nuestro país en un contexto más universal, aunque regional. También entienden que se puede confiar en la judicatura, que no debe estar constreñida por parámetros fijos de cuantificación de daños, máxime cuando puede valerse de ciertas herramientas de apoyo a la dicisión judicial. Por otra parte, dejaron constancia de que no era su intención la de establecer parámetros rígidos ni fórmulas matemáticas estrictas, sino la de ofrecer elementos útiles para la cuantificación, dados fundamentalmente por la publicidad de los precedentes en punto a las cifras fijadas por los tribunales en casos análogos.
Desde otro punto de vista, arribaron a conclusiones sobre criterios aplicables en el derecho de daños y el valor de los precedentes en el derecho continental y en el common law , sistemas en que, a pesar de partir de polos opuestos, pueden llegar a encontrarse similitudes.

¿Importa Más la Mera Razón Jurídica o la Cifra de Condena?

Uno de los desafíos más difíciles de la tarea judicial es el de cuantificar los daños. Las sentencias pueden ser completas y estar jurídicamente muy fundadas, pueden contener gran fuerza de convicción sobre la razón del demandante, no obstante, lo que primero miran las partes y sus abogados es la cifra de la condena.
"Muchas y muy lindas palabras, pero ¿me dieron 10.000 o 100.000?". Pero aún, "a mí me dieron 10.000 y a mi compañero, ante otro tribunal y en un caso similar, le dieron 100.000".
Siempre y en definitiva, lo importante es el número. Y la seguridad jurídica sufre enormemente por la disparidad de las cifras provenientes de las sentencias de diversos tribunales o inclusive, peor aún, del mismo tribunal.

La Cuantificación y la Interdisciplina

Sin embargo, existen métodos para cuantificar y dar uniformidad a las cifras de condenas de los daños. La prueba del perjuicio puede ser convencional o en base a presunciones, estimaciones y cálculos estadísticos actuariales. La noción de probabilidad aparece reiteradamente en las decisiones judiciales. Para resolver con un cierto grado de certeza en casos que sólo hay una "probabilidad" , no sólo es necesaria la intuición, la experiencia y la ciencia del abogado, sino también el aporte del matemático, que ayuda mejor a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre por medio de la introducción de herramientas cuantitativas que permiten fundar la fijación de una cantidad en criterios objetivos.

Seguridad Jurídica y Publicidad de las Decisiones

Además, a los fines de una mínima uniformidad, es por cierto fundamental la publicidad de las decisiones, no sólo en cuanto a sus fundamentos jurídicos como es clásico que surja de los nutridos y excelentes repertorios jurisprudenciales, sino también en cuanto a las cantidades fijadas en los fallos. Obviamente, para que los números tengan algún sentido, es menester incluir entre los datos que se dan a conocer las variables que dieron lugar a cierta y determinada cantidad. Así, los precedentes pueden constituir una relevante fuente de derecho, en construcción paulatina de criterios de semejanza y diversidad que den lugar a soluciones similares para casos semejantes (1). La uniformidad, relación o equivalencia, puede extenderse a regiones cada vez mayores (un fueron, una circunscripción judicial, una provincia, un país, una comunidad económica), a los fines de integrarlas en un sistema coherente y equilibrado, como mejor forma de lograr transparencia y evitar la arbitrariedad.

Acciones por Daños Personales Derivados de un Accidente

Los perjuicios personales o corporales derivados de un accidente suelen enunciarse de diversas maneras y, a su vez, englobarse o discriminarse según el criterio práctico o jurídico del juzgador o del litigante (2). Sin ánimos clasificatorios, las víctimas habitualmente reclaman -según sea el caso valor vida, incapacidad sobreviniente, daño a la salud, daño estético, daño psíquico, daño edónico, daño biológico, pérdida de chance, daño moral, lucro cesante, gasto médico, gasto médico futuro, etc. Los que más gravitan en el monto total, en la generalidad de los casos, y en especial los que más afectados están por la incertidumbre son el daño moral, el valor vida y la incapacidad sobreviniente, en ciertos casos, la pérdida de chance. Los jueces deben desarrollar una estimación del daño basada en los hechos probados. La estimación del daño moral presenta dificultades adicionales debido a que no es susceptible de ser apreciado directamente ni es tampoco posible orientarse con expresiones matemáticas. En definitiva, el daño moral no es mensurable desde un punto de vista técnico. E propósito de la compensación de los daños es ubicar al reclamante en la misma posición económica que habría tenido si el accidente no hubiera ocurrido. Si bien se indemniza el daño pasado y actual, cuando se trata de valor vida e incapacitados corporales, el cálculo de la compensación se orienta hacia una estimación de las pérdidas en base a ingresos futuros. Pueden utilizarse varios métodos para evaluar estas pérdidas. La mayoría de ellos se basan en consideraciones sobre la evolución probable que pudieran tener en el futuro los ingresos de la víctima, la edad de sobrevida y la tasa de interés, entre otras. Apoyados en datos empíricos, podemos afirmar que los montos otorgados en las decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil una tendencia firme sobre el nivel en que los jueces fijan las indemnizaciones.

Valor Vida e Incapacidad Sobreviniente

Como resulta claro, son los conceptos resarcitorios más relevantes cuando de daños personales se trata.

La Situación en Argentina

Dada la regla del artículo 1.084 del Código Civil el responsable de la muerte de una persona tiene la obligación de pagar "... lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto...". A su vez, dispone el art. 1.086 que "Si el delito fuese por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de... todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento". Pese a lo restrictiva que aparece la norma, existe consenso doctrinario y jurisdiccional en cuanto a que también en la indemnización queda comprendida la incapacidad sobreviniente si la víctima no logra el mentado completo restablecimiento. Por eso uno de los componentes más fuertes del daño patrimonial se relaciona con la pérdida de los ingresos futuros.
En la práctica, muchos jueces se orientan con la utilización de cálculos actuariales que intentan estimar cuál sería el capital que, invertido en condiciones de riesgo mínimo en el mercado de capital, produciría una renta mensual igual a los ingresos actuales; la persistencia de este procedimiento debería ser igual a los años que le restan a la víctima para alcanzar la edad de jubilación o la expectativa de vida.
En general los magistrados no mencionan explícitamente el uso de fórmulas actuariales en los cálculos que realizan para orientar su decisión.
Las zonas de alta dispersión (víctimas menores de 9 años y mayores de 65) -en las que el ajuste es menor- se caracterizan por pocos casos en la base de datos y por el uso de otros criterios adicionales o complementarios, pues o no existe capacidad productiva probada o la fórmula no es estrictamente aplicable. Esto permite interpretar que, aún cuando la mención explícita de cálculos actuariales desaparece de la jurisprudencia, probablemente se continúen utilizando en la construcción de los montos indemnizatorios. Por cierto que el valor de los resultados depende de la precisión de los datos que se ponderan para hacer los cálculos, especialmente, las ganancias computables, por lo cual son más confiables en caso de accidentes laborales reclamados por vía civil, en que los jornales o sueldos están fehacientemente comprobados y aceptados entre ambas partes. El interés del 6% habitualmente considerado es más bien alto en relación al que se emplea en otros países (alrededor del 2,5%). Caunto más baja la tasa de interés, mayor la indemnización.

Evolución del Concepto en Estados Unidos

La jurisprudencia en los Estados Unidos revela una situación similar.
En otros estados se popularizó el uso de fórmulas. La expresión más elemental para estimar la indemnización por ingresos perdidos es: C = nSo donde n es el número de años de vida laborable que le hubieran quedado a la víctima si el accidente no hubiese ocurrido, y So es el salario anual anterior al accidente. Esta fórmula utilizada originalmente en el caso Beaulieu versus Elliot supone que existirá en el futuro cierta paridad entre la inflación en los precios y la tasa de interés. Por esta razón, al calcular un valor actual no se descuenta la renta que ese capital pudiera producir en el futuro.
La fórmula Beaulieu fue utilizada -con algunas variantes- como matter of law (3) por los tribunales de Alaska y Pennsylvania.

Tratamiento del Tema en Brasil

El Código Civil de Brasil prevé la indemnización en caso de lesiones o muerte. Sin embargo, la mayoría de los tribunales de Brasil fijan, en la práctica, la indemnización en forma de pensión sin discutir si están obligados a ellos o es sólo para orientar al juzgador.
(VER CUADRO ADJUNTO)

Incidencia de Otras Variables Diversas al Ingreso que Explican los Montos Indemnizatorios

La construcción del monto indemnizatorio es el resultado de considerar y relacionar las distintas variables relevantes de cada caso particular, tanto en relación con la víctima (edad, grado de parentesco, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, estado de salud anterior al accidente) como los damnificados (grado de parentesco y edad de los reclamantes, convivencia o no con la víctima, educación, etc.).
En lo tocante al fallecimiento de la víctima inmediata, la Cámara Nacional Civil ha dicho que "a los fines de la fijación del valor vida, debe tenerse en cuenta, respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil, su educación, profesión u oficio, caudal de sus ingresos a la época del deceso, sus probabilidades de progreso y ahorro, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social, mientras que, desde el punto de vista del que reclama la indemnización, habrá de merituarse el grado de parentesco con aquélla, la ayuda que recibía de ésta, número de miembros de la familia, etc., factores todos que quedan sujetos al prudente arbitrio judicial", que "la meritación concreta de las condiciones personales, sociales y económicas, tanto de la víctima como de quien reclama la indemnización debe complementarse con el criterio según el cual la vida humana no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que ella produciría en relación a los damnificados indirectos, así como la circunstancia de la convivencia de la víctima de los reclamantes", o que "al fijar la indemnización por la muerte de una persona como consecuencia de un accidente de tránsito, deben valorarse todas las manifestaciones de la actividad del occiso que pueden ser económicamente apreciadas, tanto las actuales como las futuras, así como también las circunstancias relativas a quien efectúa el reclamo de la indemnización, debiéndose calcular el monto en función de la edad, y demás características particulares de la víctima, sexo, grado de cultura, posición social, tareas que desempeñaba y aporte al hogar entre otras consideraciones".
Cuando se trata de lesiones, este mismo tribunal ha entendido que "para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, deben tenerse presente las características personales de la víctima en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas, si lo hacía o no en relación de dependencia, es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima de hecho sufre por la incapacidad física que presenta..., no puede compararse el valor vida con un porcentaje del 100% de incapacidad, dado que ante la muerte de un individuo, quienes reclaman son aquéllos que sufren un perjuicio patrimonial por su muerte, en tanto que frente a la incapacidad del reclamante es la propia víctima, lo que presenta diferentes variantes relevantes constituyéndose en casos diferentes que obstaculizan la analogía o proximidad del caso"; que "a los fines de establecer el monto indemnizatorio por los daños derivados de la incapacidad sobreviniente debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil, también es preciso meritar la disminución de las posibilidades, edad de la víctima, cultura, estado físico, profesión, sexo, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación de la víctima"; que a fin de establecer el "Quantum" indemnizatorio debe atenderse a la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también a la edad del damnificado, su estado civil y demás condiciones personales, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en las posibilidades de vida futura e igualmente, la específica disminución de las aptitudes para el trabajo", que "si bien para fijar el Quantum indemnizatorio por incapacidad sobreviniente deben analizarse los aspectos de la vida de relación de la víctima, debe tenerse en cuenta, evidentemente, su capacidad productiva, la edad, sexo, estado civil, etc., y son estos parámetros los que hacen variar la suma otorgada en concepto de resarcimiento"; que "la reparación de la incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos matemáticos en base a tablas indicadoras relativas a la futura vida útil del damnificado, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial, ponderando la importancia de las lesiones, la edad y condición socioeconómica de la víctima y las demás circunstancias del caso y del damnificado"; que "tratándose del resarcimiento por la incapacidad que el hecho dañoso produce, deben tenerse en cuenta múltiples circunstancias, entre ellas, la edad de la víctima, sus títulos profesionales, y por cierto, la índole de las lesiones", o que "para establecer el monto indemnizatorio por incapacidad, el que queda librado al prudente arbitrio judicial, debe apreciarse la trascendencia de las lesiones sufridas respecto a la aptitud para futuras actividades y trabajos, teniendo en cuenta la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, número de hijos, si son capaces o menores de edad, situación económica de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc.".
Entre todas las variables mencionadas para el cálculo del monto indemnizatorio, la edad y el porcentaje de incapacidad son los que tienen mayor capacidad explicativa.
También en materia de lesiones, pueden advertirse algunos parámetros válidos para calcular indemnizaciones, como lo son la capacitación y el sexo. Asimismo, podemos percibir cómo juega la incidencia del porcentaje de incapacidad. El mayor predominio de la edad en el Quantum indemnizatorio se relaciona con la aplicación de fórmulas actuariales en las cuales esta variable se conjuga con las ganancias, mientras que la mayor incidencia del porcentaje de incapacidad sobre el Quantum se traduce en un importante influjo de la pericia médica.
Cuando los montos indemnizatorios se alejan de las tendencias, esas diferencias pueden interpretarse como producto de la influencia de las restantes variables relevantes. Un enfoque de estas características requiere necesariamente la utilización de precedentes a partir de los cales pueda inferirse cuál es el criterio judicial de la valoración de cada hecho o variable probada. En el estudio de FABRE (1980) se especifica cada precedente en el que se indemnizan los daños causados a víctimas en accidentes de tránsito mediante la descripción del caso según variables de edad de la víctima, ingresos, sexto, composición familiar, profesión, estado de salud, etc. y por los montos correspondientes acordados en compensación del daño.
El otro enfoque da preeminencia a los porcentuales de disminución y cálculos matemáticos de los que puede valerse el juez y que lo ayudan a cuantificar el daño que se intenta reparar. Estas propuestas tienen por objeto acercar a los jueces a apreciaciones más objetivas de la realidad independientemente de sus criterios personales y valoraciones subjetivas.

Pérdida de Chance y Otros Daños

Aunque en los casos de incapacidad y muerte también se hacen cálculos que llevan implícita la idea de chances u oportunidades perdidas, la pérdida de chance es el rubro utilizado para indemnizar la situación de los padres que reclaman por la pérdida de un hijo, y por lo tanto de la expectativa de ayuda en la vejez. La doctrina exige que el daño para ser resarcible debe tener carácter de "cierto" y no de eventual o hipotético. Existe una rica jurisprudencia sobre el mismo concepto en casos comerciales. Cuando estos tribunales tratan el tema concerniente a la pérdida de posibilidades o "chances" entienden que se ha roto o interrumpido un proceso que podía conducir en favor de otra persona a la obtención de una ganancia o a la evitación de un daño, y por lo tanto el juez en cada caso apreciará su carácter de cierto o hipotético.
Este amplio estudio contempla además el análisis del daño moral en sus diversos aspectos; las lesiones; el daño estético y biológico; la muerte y su comparación con sistemas legales de otros países, tales como España, Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Por otra parte, se considera la cuantificación, limitación cuantitativa e indemnización por responsabilidad civil, donde aparecen los baremos con las experiencias de España y Francia.

Conclusiones

Los autores reiteraron que uno de los retos más delicados con que a diario se enfrenta el juez es el de cuantificar los daños. De lo expuesto se desprende que en lo tocante a la cuantificaicón de daños el valor de los precedentes es incalculable, tanto en el common law como en el derecho continental, pero que si ambos sistemas partieron de polos opuestos y se acercaron, ahora se van oponiendo en sentido diverso en materia de cifras.
Es que en el derecho continental, la función de los jueces se ejerce en forma deductiva ya que su tarea consiste en limitar la generalidad de la norma jurídica, y en el common law los magistrados trabajan de manera inductiva pues deben encontrar o extraer una generalidad de uno o varios casos concretos particulares. En su sistema no existía norma general alguna pare restañar perjucios cuando se trataba de homicidio, a tal punto que fue necesaria la legislación escrita para llegar a este resultado. Además, los precedentes se refieren al derecho, no a los hechos; y cuando de jurados se trata, los hechos los determina el jurado que para ello no se guía por precedentes. De ahí que, especialmente en lo referente a montos, los veredictos pueden ser muy volátiles.
Los jueces de nuestro país, de raigambre romanista o continental, desde antaño siguieron una norma legal general que reconocía los daños personales. No están obligados por los precedentes, mas en materia de cifras, con una base de datos donde se ingresan todas las sentencias en este aspecto fáctico, están en condiciones de extraer el caso similar y cuantificar el perjuicio de modo de ofrecer justicia, igualdad y seguridad jurídica; y es lo que, cada vez con mayor asiduidad, están haciendo los jueces de la Justicia Nacional en lo Civil, muchas veces constreñidos por los litigantes que invocan tales precedentes que los favorecen. Esta base de datos podría asimilarse a un baremo móvil o flexible, el cual lleva ínsita su constante actualización y adaptación a la realidad, ajena a la fría aplicación de cálculos matemáticos que rechaza casi unánimemente la jurispudencia argentina.
Es decir, los sistemas continentales dependieron de sus leyes y sus Códigos para construir su derecho, a tal punto que inclusive (por tratarse de la decisión del juez de una " mera " interpretación y aplicación de la ley) se pone en duda si la jurisprudencia constituye o no una fuente autónoma de derecho. Pero, en un sistema continental, para cuantificar los daños, lo valioso es el precedente con variables similares, pues -salvo limitación legal- la cifra no puede encontrarse en la generalidad de la ley. Y en el common law es el derecho o la norma jurídica lo que se encuentra en los precedentes, pero no se jerarquizan de ellos las variables "no relevantes" , que son las concretas del caso, de las cuales se puede llegar a una cuantificación por analogía en relación a casos similares que se tramitan ante otros tribunales. Por cierto que la seguridad jurídica se atormenta enormemente por la desproporción de las cifras provenientes de las sentencias de distintos tribunales.
Con el objeto de peticionar y resolver con cierto grado de certeza y dar homogeneidad a las cifras en los casos de daños corporales, el abogado requiere del conocimento de otras ciencias que ofrecen herramientas cuantitativas que permiten fundar la cantidad de reclamo y de condena en criterios objetivos. En el futuro y de ser posible, lo ideal sería que también en estas áreas se lleve a cabo una integración de nuestro país en un contexto regional.
Por último, no se puede dejar de subrayar que la publicación de los aspectos concretos y cuantitativos de los precedentes a través de su recolección en una base de datos no sólo sirve para reconstituir la jurisprudencia como relevante fuente de derecho, a los fines de lograr claridad y evitar suspicacias. Es, a la vez, un modo de modernizar, perfeccionar y corregir errores. El sistema democrático exige la publicidad de los actos de sus poderes, y el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que debe recuperar un bien merecido prestigio.
(1) Este es el objetivo de la investigación que los autores llevan a cabo desde hace alrededor de 12 años, con apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación (designación como investigadores del 30/08/88 por Disposición N° 8/88) y que se ha corporizado en la Base de Montos Indemnizatorios por Daños Personales (Quanterix) creada en 1989 en instalada en la Oficina de Proyectos Informáticos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. (2) Sobre los diversos daños que puede sufrir la persona y el modo de resarcirlos, puede verse Elena I. Highton, "Accidentes de Tránsito. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas desde la óptica de los jueces", Rev. De Derecho de Daños, Accidentes de Tránsito II (1978) 7-71. (3) Todo lo que es afirmado o decidido por la aplicación de normas legislativas o los principios y determinaciones de la ley, para distinguirlo de la investigación de hechos particulares (Black's Law Dictionary).

COSTOS SENTENCIAS.ADJUNTO.doc 
 
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