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>> CONFERENCIA DE PRENSA
De izq. a der.: Marcelo Garasini, Manuel Lamas, Fidel González y Jorge Klein AAPAS Solicita una Mesa de Concertación



AAPAS, a través de su presidente, Manuel Lamas, y con los integrantes del Comité Ejecutivo, Jorge J. Klein, Fidel González y Marcelo Garasini, el pasado 6 de julio se dirigió a la prensa especializada para hablar sobre el difícil momento que los productores asesores de seguros están viviendo ante las recientes medidas adoptadas sobre el régimen de cobranza de premios establecido por el Ministerio de Economía (ME) y expresar sus inquietudes sobre el particular.


"Estamos viviendo un momento de emergencia que quedará patentizado cuando comience a aplicarse la muy dolorosa Resolución Nº 90/01 del ME, la cual aparece sorpresivamente en un momemto inoportuno, ya que en lugar de crear certidumbre genera incertidumbre. No analizaremos aquí todas las leyes y aspectos jurídicos que esta resolución ha violado. Para salir de la situación de emergencia que vive el mercado asegurador argentino, hay que lograr una concertación entre todos los actores que conforman el sector. Siguiendo este criterio, debemos apuntar primero a frenar la aplicación de la Resolución N° 90/01 del ME, y así iniciar un camino más promisorio para el mercado", señaló Manuel Lamas al iniciar su exposición. Diversas presentaciones dan cuenta de ello. En tal sentido, se señaló que los Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS) presentaron un recurso jerárquico ante el ME, solicitando la anulación de la resolución. Al igual que las dos cámaras citadas, la Asociación de Aseguradores Privados (EAPRA) también elaboró un recurso jerárquico contra la normativa que aún no fue presentado ante las autoridades.
También destacó el pronunciamiento adverso de APyME, CAME y FECOBA, cámaras representativas de la pequeña y mediana empresa y del comercio.
Por su parte, AAPAS también presentó un recurso jerárquico ante el ME pidiendo la anulación de la aludida norma. Con el mismo objetivo, la entidad mantuvo entrevistas con el subsecretario de Servicios Financieros, Héctor Rodríguez; con el consejero del Banco Mundial para el sector seguros, Donald McIsaac; con el superintendente de Seguros, Juan Pablo Chevallier Boutell; con asesores de la Jefatura de Gabinete; y con diputados nacionales y provinciales.
Existen también pedidos de no innovar de legisladores, un pedido de anulación del Diputado Iparraguirre, y otras acciones como marchas y comunicados.
"Nosotros estamos dispuestos a contribuir, discutiendo el tema en una mesa de concertación. La podría convocar la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y quien se considere más adecuado, pudiendo abarcar éste y otros temas de interés para la actividad aseguradora.
El ámbito para la discusión de estos temas es la mesa sectorial, sin alejarnos del lobby necesario, porque nos encontramos ante un despojo, éste es nuestro parecer. El ME tendría que haber advertido anticipadamente estos cambios y enviarlo a la SSN para discutirlo con el sector antes de sacarlo intempestivamente. El ME no debería establecer una norma de esta naturaleaza sin darle intervención al organismo de control, que es quien tiene entre sus finalidades proteger los intereses del asegurado".
Hoy una porción significativa del mercado ya tiene cobranza bancaria, y no de ahora sino desde hace mucho tiempo. Las modalidades de tarjeta de crédito se han ido instalando culturalmente, no impuesto, sino que gente que tiene acceso a tarjetas de crédito ha ido cambiando su pensamiento al respecto y también se la ha asesorado por su practicidad, etc.
Hubo muchas empresas que adquirieron las controladoras fiscales, cumpliendo así con la Resolución N° 429 y otras que tenían mecanismos propios, guardando la información en discos no regrabables y esto hecho diariamente.
Podríamos desmenuzar la Resolución N° 90/01 durante horas, pero estamos partiendo del hecho de que las compañías no pueden cobrar en sus propias cajas. Ese es el drama.
El Ministerio de Economía está exigiendo la cobranza bancaria porque las compañías no saben hacer los deberes solas, pero no están castigando a las compañías, sino a los asegurados. Si Economía no se ocupa de las 150 aseguradoras en liquidación, cómo se va a ocupar de la cobranza de las compañías.
Hay que hacer un esfuerzo para discutir lo que hay que discutir y como corresponde, porque realmente a veces nos ponemos a charlar sobre lo que es o no eficaz, y nos estamos olvidando de cuestiones de fondo. Estamos viviendo en una democracia. Si esto fuera apreciado por la sociedad como un cambio necesario en función de todos los debates previos, escuchadas todas las opiniones, y aprobadas las medidas por ley, no habría más nada que hablar, estaríamos viendo los efectos prácticos de la aplicación de una ley y recibirían sanciones aquellos que no la apliquen; pero esta norma no tiene ningún sustento jurídico y, por lo tanto, es casi ocioso discutir la bondad o no de la misma. Acá lo que hay que hacer es volver a poner la situación como corresponde procediendo a la derogación de la Resolución Nº 90/01. Es una norma sospechosa y sospechada hasta de situaciones claves, si no ha habido algún negociado o algún trato para que la misma saliera. Intuimos incluso que no tiene ningún expediente que le haya dado origen y no se encuentra comprendida dentro del marco de la Ley de Competitividad".
"El problema radica en que no debe haber monopolio en la cobranza, sino libertad. Si luego una compañía decide trabajar con un banco, será su elección".
"Las leyes son el producto de transacciones sociales".
En resumen, los productores asesores solicitan la derogación de la Resolución Nº 90/01 y ofrecen su colaboración para que en una mesa de concertación se discuta y analice en profundidad la metodología de cobranza más conveniente. Consideran que la Resolución N° 90/01 es "de carácter inconstitucional y lesivo, abrupta e inconsulta" y debe ser anulada porque:
- Prohíbe cobrar a las empresas aseguradoras (en ninguna actividad económica se da esta situación).
- Prohíbe cobrar a los productores asesores de seguros (transfiere sus ingresos por comisión de cobranzas al sector bancario financiero).
- Prohíbe el crédito a las personas y a las PyMEs (elimina el efecto cancelatorio del cheque de pago diferido).
- Pone en peligro fuentes de trabajo (22 mil productores asesores y 6 mil dependientes).
- Desprotege a la sociedad (la rigidez del sistema deja a miles de empresas sin cobertura y sin posibilidad de recuperación ante la ocurrencia del siniestro, con graves consecuencias económicas y sociales).
- Estimula la competencia desleal (defensa de la competencia).
- Favorece al sector bancario (el cual también vende seguros).

 
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