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>> MANIFESTACIONES DE LA AACS
Proyecto de Decreto de Modificación de la Ley N° 20.091



La Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), en sendas notas del 3 y 10 de julio de 2001, manifestó su posición sobre el Proyecto de Decreto que reglamenta la actividad de las entidades de seguros y reaseguros que sustituiría a la Ley N° 20.091. En el suplemento de Legislación de esta edición se incluye el texto completo del referido Proyecto de Decreto.
A continuación se transcriben las mencionadas notas.



Buenos Aires, julio 3 de 2001

Señor Secretario
de Finanzas
Dr. Daniel Marx
S / D

De nuestra mayor consideración:
Nuevo Régimen de Empresas de Seguros y Reaseguros

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de hacer referencia al proyecto de Decreto sobre el nuevo régimen de empresas de seguros y reaseguros que sustituiría la Ley N° 20.091 y que está fundado en la delegación de atribuciones legislativas conferidas al PEN por la Ley N° 25.414.
Con respecto a este punto, permítasenos señalar que en nuestra opinión existen serias dudas sobre las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para este efecto, atento lo previsto en el inciso f) del Apartado I del artículo 1° de la citada Ley. El dictado de un decreto regulando esta materia y derogando consiguientemente la Ley N° 20.091, cuando puede discutirse con serio fundamento jurídico la legitimidad de las atribuciones delegadas, podría generar grave inseguridad jurídica para el futuro.
En lo que hace a la reforma en sí, deseamos destacar una vez más, que no nos oponemos a considerar la posibilidad de modificar la Ley N° 20.091, ya que toda norma es siempre pasible de perfección, pero somos de la idea que la modificación de la citada Ley requiere conocer con exactitud cuáles han sido las deficiencias detectadas en sus veintitrés años de vigencia. Tal circunstancia permitirá esclarecer si se trató realmente de deficiencias o de falta de vocación política a fin de aplicar debidamente los mandatos de la Ley N° 20.091.
Como ya le señaláramos al entonces Subsecretario de Servicios Financieros, Lic. César Deymonnaz, en nota del 18/05/2000, la Ley N° 20.091 tiene mucho más de bueno que de malo. Más aún, nos animamos a sostener, sin temor a equivocarnos, que el problema no reside en que la ley tenga deficiencias, sino en la circunstancia de que, en muchas oportunidades, sus disposiciones no han sido debidamente cumplidas.
El proyecto está concebido extrapolando modelos legislativos vigentes en otros países e incorporando al mismo tiempo, soluciones técnicas propias de la actividad bancaria, la que es ajena a los fines y objetivos específicos de la actividad aseguradora. Tales circunstancias contribuyen en gran medida a generar institutos forzadamente incorporados al proyecto, generando así importantes incertidumbres e inseguridad jurídica, factores estos últimos de la mayor importancia e interés para el logro de inversiones en la República.
No podemos dejar de mencionar la llamativa aplicación de normas propias de la Ley de Entidades Financieras, N° 21.526, en particular, las de la última reforma introducida por la Ley N° 24.627.
En efecto, existe una indebida e impropia asimilación entre las Entidades Financieras y las Entidades Aseguradoras, que lleva a confundir la distinta repercusión económica y social que ambas instituciones están llamadas a cumplir. Es obvio que no es posible comparar una póliza con una cuenta corriente, un seguro de vida con una caja de ahorro, un seguro de retiro con un fideicomiso de renta vitalicia, un seguro de caución con un aval bancario. Todo ello sin mencionar la nula actuación de las aseguradoras en la intermediación en la oferta y demanda de recursos financieros.
Sin perjuicio de lo expuesto, le anticipamos que en los próximos días le haremos conocer las principales observaciones puntuales que nos merece el proyecto en comentario. Ello se corresponde con la importancia que el tema reviste para la actividad aseguradora y la necesidad de profundizar los análisis teniendo en cuenta que, atento el camino seguido, no existen otras posibilidades de discutir minuciosamente el proyecto de Decreto sustitutivo de la Ley Nº20.091, propuesto vía Internet.
Saludamos al señor Secretario con nuestra mayor consideración.

Roberto F.E. Sollito
Presidente

Carlos A. Tanghe
Secretario


Buenos Aires, julio 10 de 2001

Señor Secretario
de Finanzas
Dr. Daniel Marx
S / D

De nuestra mayor consideración:
Nuevo Régimen de Empresas de Seguros y Reaseguros

Conforme lo anticipado en la carta del 3 de julio pasado, le hacemos conocer las principales observaciones puntuales que nos merece el proyecto de Decreto que sustituiría la Ley N° 20.091 y que consisten en las siguientes:

Artículo 3°: Obligación de asegurar en el país
Nos ha llamado poderosamente la atención el contenido del art. 3° del Proyecto, en cuanto, innovando con relación a la legislación vigente en la materia (Ley N° 12.988), faculta a la Autoridad de Aplicación para establecer excepciones al principio en virtud del cual, todo interés asegurable de fuente argentina debe ser asegurado en entidades autorizadas y domiciliadas en el país.
Estamos en presencia de un mercado enriquecido por la presencia de operadores extranjeros de las más diversas nacionalidades, que aseguran el know how técnico y contractual al nivel de los países más avanzados del mundo. A ello se agrega que el mercado asegurador ha demostrado en los hechos, poseer una suficiente capacidad para abastecer en forma eficiente, una adecuada oferta de cobertura para todos los riegos existentes en la República. No nos complace la existencia de excepciones sujetas al arbitrio de un administrador público, que desnaturalicen, pongan en peligro o en tela de juicio, la seguridad jurídica de quienes han invertido sus capitales en el sector o están por hacerlo, dentro del marco legal existente.

Artículo 10°: Participaciones significativas
Consideramos necesario aumentar el porcentaje en virtud del cual se accede a la categoría de participación significativa del 5%, a por lo menos el 10%, para estar en correlación con el artículo 33° de la Ley de Sociedades Comerciales y también por así indicarlo una práctica eficaz que evite demoras burocráticas y encarezca el costo de nuestros servicios.

Artículo 14°: Condiciones técnicas contractuales. Primas
El artículo 14° incorpora en la última parte del párrafo segundo la frase: "... las normas legales aplicables y las reglamentarias dictadas por la autoridad de aplicación".
En lo que respecta a las facultades "reglamentarias" que se reconocerían a la autoridad de aplicación, recordamos que las leyes de la Nación sólo pueden ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso. En consecuencia, la Superintendencia de Seguros de la Nación sólo puede dictar normas de aplicación de los diversos artículos de la ley, concepto menos amplio que la facultad de reglamentar. Asimismo, no encontramos sentido que en una ley tan casuista como lo refleja el proyecto en análisis, se incluyan agregados que permitan a la autoridad de aplicación proceder según su criterio más allá del texto de la norma. Esto conlleva no sólo el peligro de que incurra en arbitrariedad, sino también en la sustitución de la iniciativa empresaria que le corresponde a los aseguradores.
Si bien estamos de acuerdo en cuanto a reservar a la Superintendencia de Seguros de la Nación como control único y excluyente de la actividad, con relación a cualquier otro organismo del Estado, nos preocupa la utilización de términos ambiguos, vagos o imprecisos, tal como lo hace la última parte del 4to. párrafo del artículo 14° del Proyecto, en cuanto autoriza a la autoridad de aplicación a observar las primas que resulten de prácticas abusivas de comercialización, falta de transparencia o información insuficiente al asegurado, términos todos, sin definición ni delimitación legal, dejando entonces un amplio campo a la discrecionalidad e interpretación del funcionario.

Artículo 18°: Operaciones prohibidas
Con relación a las operaciones prohibidas, no coincidimos con la limitación establecida en el inciso h) del art. 18° del Proyecto, en tanto dichas liberalidades sean efectuadas con utilidades líquidas y realizadas del ejercicio de acuerdo con lo que disponga el Estatuto y lo que resuelva la asamblea de accionistas.
En cuanto a la previsión que contempla el último párrafo de este artículo, reiteramos que aun cuando estamos de acuerdo con la posibilidad de contar con este instrumento financiero que consagra la Ley N° 24.441, tal previsión no debe limitar a la titulización de premios la posibilidad de descontar flujos futuros de fondos. En ese sentido entendemos que deben permitirse operatorias como el "factoring" o descuento de cheques de terceros recibidos para la cancelación de las primas a cobrar.

Artículo 28°: Información de causas judiciales
Sin perjuicio del eventual cuestionamiento constitucional por ser una materia reservada a las provincias, no resulta aconsejable la instrumentación de un registro abierto a la consulta que sólo muestra un aspecto extremadamente parcial de los eventuales compromisos del asegurador y cuya apresurada evaluación por parte de terceros no idóneos llevaría a conclusiones equívocas y por demás confusas del estado de situación patrimonial de la empresa. Es decir, si bien no vemos objeciones a que la Superintendencia de Seguros tenga acceso a esta información, no parece razonable ni conveniente que la misma tenga estado público.

Artículo 31°: Intervención de auxiliares
Existe una norma legal, la Ley N° 22.400 que se ocupa de regular la actividad del Productor Asesor de Seguros. Por su parte, la Ley N° 17.418 en su artículo 54° regula a su turno la actuación del denominado Agente Institorio, quien actúa como mandatario del Asegurador. Es por ello que no tiene ningún sentido que la norma por la que se aprueba el Régimen de Entidades de Seguros y Reaseguros, tan siquiera se refiera a ellos.
La mención al Agente Institorio, es también redundante pues siendo un mandatario del Asegurador, es en definitiva su larga mano; es EL ASEGURADOR a quien le está dirigida la normativa en proyecto.
Por otra parte, con respecto a los demás auxiliares de la actividad, debe bastar la simple mención al requisito de la idoneidad para el desempeño de la función, pues de otra manera se incurre en un exceso reglamentarista, que no tiene relación con el fin tuitivo de una ley como la proyectada.
Debe por lo tanto reemplazarse la norma por el actual artículo 55° de la Ley N° 20.091.
Finalmente, no es el productor asesor de seguros quien deba informar sobre la situación económica del asegurador, ello en razón de que esta función es propia de la SSN, particularmente cuando se trata de aseguradores autorizados a operar en el mercado, sujetos al régimen de contralor de esta norma.

Artículo 33°: Control de solvencia
En el proyecto se pasa de un control de "capitales mínimos" a un control de "solvencia" . No se define adecuadamente el término y por lo tanto se deja en manos de la autoridad de aplicación la interpretación de la norma. Es demasiado amplio y difuso.
El control de solvencia es un concepto serio y concreto que por un elemental principio de respeto a la seguridad jurídica y económica, debe estar definido en la ley. No puede quedar librado a la discrecionalidad de un funcionario cuya responsabilidad por cualquier cambio de criterio en esta materia quedaría supuestamente diluida en mérito a lo que dispone el artículo 35° del propio proyecto, comentario al que remitimos.
Por otro lado, no resulta admisible otorgarle a la Superintendencia la facultad de merituar la influencia que en la solvencia de las entidades aseguradoras puedan tener sus "estrategias de producción" y sus "políticas de suscripción ".
En razón de lo expuesto, consideramos que la referida innovación debería ser adecuada a los parámetros expuestos precedentemente.

Artículo 34°: Reaseguro - Retención
El proyecto en análisis ha eliminado lo que dispone el artículo 36° de la Ley N° 20.091, que exige al asegurador que se reasegura en el exterior la retención efectiva y real de la reserva técnica correspondiente a la parte cedida de la prima original.
Este principio que de conformidad a la actual situación del mercado debe exigirse para todos los reaseguradores sin distinción, es de fundamental importancia para preservar las necesidades de financiamiento de la industria aseguradora local.
Por el contrario, la ausencia de una norma como la indicada, fomentará operaciones de fronting y dumping que perjudicarán la necesaria transparencia que el mercado requiere, atentando de tal forma contra las necesidades de financiamiento del sistema.
Además debería utilizarse una terminología más comprensiva del instituto, sustituyendo la expresión "tablas de retención" por "programas de reaseguro" , teniendo en cuenta las protecciones sobre propia retención original.

Artículo 37°: Compromisos y deudas con asegurados
La noción que se desprende de este artículo no condice con la necesaria flexibilidad financiera que se requiere. Los compromisos con asegurados tienen plazos de exigibilidad muy dispares. La idea de " ata r" inversiones a ciertos compromisos no es propia del seguro, pues ello es más característico de ciertas prácticas de la actividad financiera. Remitimos a los conceptos adelantados en nuestra nota de fecha 04/07/01. Debe primar el principio de universalidad del activo.

Artículo 38°: Régimen de Inversiones
Acá se vuelve a la vieja idea de la cobertura. Ahora se hace mas amplia, pues tal como está redactado comprendería todos los rubros del pasivo, sin distinción. Pareciera que la intención del legislador es que las compañías de seguros deban tener cubiertas con fondos líquidos todas las deudas y compromisos, desconociéndose la necesidad de financiamiento que tiene esta actividad y que por otra parte no encuentra correlato en mercados mucho más desarrollados.
Entendemos que la ambigüedad de los términos empleados amerita la revisión del texto.
Señalamos también nuestra preocupación por lo que podría significar la fijación por parte del Ministerio de Economía de un régimen de inversiones para cada entidad aseguradora. La intervención del citado Ministerio, por encima incluso de la autoridad de control exclusiva y excluyente del seguro, cual es la Superintendencia de Seguros, en una materia privativa del empresario, bajo términos de tanta laxitud, resultan inapropiados y excesivos para una ley como las que nos ocupa, en especial, cuando la misma norma otorga a la autoridad de aplicación facultades impugnatorias suficientes para garantizar el adecuado equilibrio que debe regir la materia.
Somos de la opinión de mantener en lo pertinente el texto del artículo 35° vigente, con el siguiente agregado: "La Superintendencia de Seguros de la Nación autorizará efectuar otro tipo de inversiones, de manera general y uniforme".

Artículo 39°: Personas vinculadas
El proyecto ha incorporado un párrafo delegando a la autoridad de aplicación la determinación de lo que deberá entenderse por pautas que evidencien el ejercicio del control o la existencia de vinculación, lo que resulta contrario a la técnica legislativa que no admite tal delegación y lo que es más grave de admitirse, la posible derivación en la creación de una categoría de empresa vinculada, especial para el sector asegurador, distinto a lo consagrado por el 2° párrafo del artículo 33° de la "Ley de Sociedades Comerciales" N° 19.550, lo cual, sin perjuicio de generar graves problemas interpretativos, puede ser pasible de tacha de inconstitucionalidad.
Importa gravedad institucional por violación del principio de la división de los poderes del Estado, delegar en la autoridad de aplicación, conceptos, hechos y conductas que son propios de la ley, lo que excluye al "mejor y más bien intencionado criterio administrativo" en la materia.

Indicadores de riesgo y/o alertas tempranas
El Proyecto hace referencia en varios de sus artículos a la elaboración por parte de la autoridad de aplicación de indicadores de riesgo y/o alertas tempranas. Así, en el artículo 33° referido al "Control de Solvencia" se hace mención de tales indicadores a los fines de indagar sobre la solvencia de los respectivos operadores. En el artículo 40°, que obliga a la Entidad a la presentación de los denominados "Planes de regularización y saneamiento" , en la situación prevista en el inciso a) apartado VII) del mismo artículo cuando se registre una situación de incumplimiento del capital mínimo o los indicadores elaborados por la autoridad de aplicación no registren los niveles establecidos por la reglamentación, o pueda establecerse la inminencia de esa situación. El artículo 42°, enumera en su inciso l) a los indicadores en cuestión, como causal de revocación de la autorización para operar en seguros cuando ellos demuestren "disminución relevante de la capacidad financiera de la entidad".
En nuestro criterio, la elaboración de los mencionados indicadores y su adaptación permanente a las cambiantes circunstancias de la economía en general y de la actividad aseguradora en particular, imponen su utilización por parte del Organismo de Contralor como elementos coadyuvantes a su función tutelar del sistema y no deben constituir parámetros específicos plasmados en una ley, por lo que debiera eliminarse toda referencia a los mismos.

Artículo 40°: Regularización y saneamiento
No estamos de acuerdo con la imprecisión de los conceptos contenidos en el presente artículo. Se incurre en una excesiva casuística no aconsejable desde el punto de vista de una buena técnica legislativa.
Tal exceso genera la inclusión de varios supuestos que, a nuestro entender, no deberían enumerarse taxativamente en una ley.
Ello por cuanto la interpretación y aplicación de los mismos, en el caso concreto, puede generar un sinnúmero de inconvenientes e interminables discusiones. Así por ejemplo, en el inciso VI debería precisarse que el incumplimiento de pago se refiere a obligaciones exigibles, pues de lo contrario se podría entender que se estaría restringiendo el derecho a resistir pretensiones indebidas.
La norma, por su importancia, debe ser en extremo precisa, tipificando claramente las conductas que den lugar a las posibles medidas, en especial teniendo en cuenta que a la SSN se le otorgan facultades para dictar medidas cautelares "in audita parte" . Esto hace a la necesidad de respetar, una vez más lo señalamos, la seguridad jurídica y el ejercicio de la legítima defensa.
A mayor abundamiento, nos remitimos a lo ya expuesto en el artículo anterior.

Artículo 41°: Plan de regularización y saneamiento
Es observable en esta norma que para el supuesto de cesión de cartera se considera inaplicable la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio. Tal temperamento puede colocar a los asegurados y terceros en un verdadero estado de indefensión.
Además, cuál es el sentido que para una empresa in bonis se aplique la ley de transferencia de fondos de comercio para la cesión de cartera (conf. art. 30° del Proyecto) y para una empresa en dificultades no se aplique dicho régimen, cuando la lógica indica que debiera ser al revés.

Artículo 42°: Revocación de la autorización para operar
Consideramos que las innovaciones introducidas en este artículo están imbuidas de excesiva discrecionalidad e imprecisión, circunstancia por la cual sugerimos su revisión en forma absoluta.
A modo de ejemplo mencionamos que un cambio en una participación significativa (por ejemplo del 7%) decidido entre dos accionistas, le acarrearía a la sociedad una sanción desmesurada. ¿Cuál es la responsabilidad de la aseguradora por lo que hagan sus accionistas?

Artículo 44°: Reestructuración de la entidad
En este artículo se consagran facultades inaceptables a favor de la Superintendencia ya que se le posibilita adoptar medidas tales como:
a) aceptar o no accionistas para que suscriban o integren capital;
b) revocar la aprobación para que los socios o accionistas con participación significativa continúen como tales otorgando un plazo de 10 días para que transfieran las acciones;
c) realizar el propio órgano de control o encomendar " a terceros " la venta de capital y del derecho de suscripción de aumentos (en cuyo caso la entidad y los socios deberán prestar su conformidad);
d) excluir activos y pasivos;
e) constituir fideicomisos.
Mayor gravedad reviste el contenido de este artículo en cuanto prevé que los actos que disponga la autoridad que importen transferencia de activos y pasivos no estarán sujetos a autorización judicial ni podrán ser reputados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad. La inconstitucionalidad de este párrafo es manifiesta. También nos oponemos a que la ley de transferencia de fondo de comercio sea inaplicable a las transferencias de activos y pasivos que la Superintendencia de Seguros de la Nación disponga con motivo de este artículo.
En consonancia con lo que venimos exponiendo, los apartados II y III del inciso a) debieran lisa y llanamente ser suprimidos por importar un claro avasallamiento del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17° de la Constitución Nacional.
Tal es el exceso que denota el artículo en comentario que, conforme el inciso c), si la Superintendencia solicita la intervención judicial, el juez tiene la obligación de designar como interventor a una de las tres personas que proponga la Superintendencia, que podrá ser un funcionario de la misma o una persona física con especialización. Este interventor podría contratar funcionarios auxiliares y los honorarios de los mismos serán convenidos con la Superintendencia pero " a cargo del asegurador intervenido ". Tal circunstancia nos parece inaceptable.
También resultaría ilegal lo expresado en el primer párrafo del presente artículo mediante el cual se dispone que "durante el proceso de reestructuración de una entidad aseguradora, las normas del presente régimen prevalecen sobre las normas que regulan el tipo de sociedad de que se trate". Ello por cuanto la misma es excesivamente amplia y no especifica los supuestos en los cuales esta norma debe prevalecer sobre aquéllas.

Artículo 45°: Responsabilidad
Nos resulta francamente inconstitucional y antijurídica la "irresponsabilidad" legal que se consagra en el artículo 45° del Proyecto respecto a las decisiones adoptadas por la autoridad de aplicación en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 42° y 44°, en particular, cuando se encuentra en juego la ética en la función pública y la transparencia de las conductas que debe primar por encima de cualquier interés particular de un funcionario. Limitar la responsabilidad del funcionario público al dolo o negligencia grave, constituye un apartamiento de las previsiones contenidas en el artículo 1.112 del Código Civil, (sin perjuicio de las responsabilidades penales consecuentes), que no tienen justificación, en especial cuando tal funcionario en ejercicio de la "función pública" tiene facultades para disponer del patrimonio y hacienda ajenos.

Articulo 46°: Medidas precautorias
La crítica que hemos efectuado en oportunidad de comentar los artículos 40°, 42° y 44° trae como consecuencia necesaria nuestra oposición al contenido de esta norma.
La entidad y envergadura de algunas de las medidas precautorias que se incluyen requieren un mayor análisis y debate acerca de su viabilidad, no sólo desde el punto de vista político, sino también desde el aspecto jurídico. No parece admisible aceptar que, por ejemplo, a raíz de una enumeración de supuestos sumamente vaga e imprecisa (con fuerte sesgo de discrecionalidad), sea posible designar en una entidad aseguradora un veedor con facultades de veto. Mas aún, cuando dichas medidas sólo serán apelables con carácter devolutivo. La inconstitucionalidad de esta norma es también manifiesta.

Artículo 48°: Liquidación judicial
Observamos la imprecisión del presente artículo en lo que a la procedencia de la liquidación judicial se refiere. Una interpretación literal de la norma, tal como está redactada, nos llevaría a concluir que, acreditados cualesquiera de los supuestos enumerados en la misma, correspondería la disolución sin más de la entidad aseguradora, lo que no resiste análisis.
Reiteramos lo expuesto al comentar los artículos 40° y 42°.
Así, por ejemplo, la mención a operaciones prohibidas debería a su vez merituarse en función de la importancia e incidencia de las mismas a los efectos de su regularización antes de una medida extrema, a la que llevaría la aplicación taxativa de la norma.
Las causales que den lugar a la liquidación judicial deben ser graves e irreversibles.

Artículo 49°: Normas aplicables a la liquidación judicial
No estamos de acuerdo con el contenido de este artículo. El mismo, puede dar lugar a una fuente inagotable de inequidades respecto de los asegurados y terceros.
Así, por ejemplo, no resulta para nada claro lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso e) que dispone que sólo los socios y acreedores reconocidos "... podrán formular impugnaciones al balance final de liquidación y al proyecto de distribución de fondos...". En tal caso, ¿Qué sucede con un derecho litigioso en el cual la comisión liquidadora entiende que el reclamo no resulta procedente? ¿Qué organismo, en qué plazo y de qué forma resolverá la cuestión? En tal supuesto, ¿perderá el reclamante -en razón de no revestir el carácter de acreedor reconocido- el derecho de impugnar el balance final?
Planteamos el referido interrogante a mero título de ejemplo a fin de evidenciar que son muchas las hipótesis que, advertimos, no se encuentran debidamente aclaradas en el presente artículo.
Por otra parte, el artículo en análisis dispone que los embargos y/o inhibiciones generales trabados no podrán impedir la realización de los bienes de la ex entidad aseguradora y deberán recaer sobre el producido de su realización por hasta los montos originalmente constituidos.
Por lo pronto, no se aclara, como debiera, que debe tratarse de medidas cautelares trabadas antes de haberse dispuesto la liquidación de la entidad. Pero lo que resulta harto preocupante, es que la subsistencia de las medidas cautelares sólo es posible en tanto no haya sido decretada la quiebra de la aseguradora, situación que no es debidamente explicitada. Peor aún, se estaría otorgando al acreedor embargante un privilegio no enumerado ni por el proyecto de ley, ni por la Ley N° 24.552.
De tal manera, tres principios básicos del régimen de los concursos y quiebras, el de la universalidad, el de la igualdad y el de la colectividad, se verán profundamente alterados.

Artículo 60°: Sanciones
En cuanto a las sanciones a que se refiere el artículo 60° del Proyecto, hacemos saber nuestra preocupación en orden a la imposición de multas contenida en el inciso c), la que no puede quedar condicionada a factores tales como "magnitud y reiteración de la infracción; perjuicio ocasionado a asegurados, beneficiarios o terceros; beneficio generado para el infractor; volumen operativo del infractor; responsabilidad patrimonial de la entidad". En efecto, ni el volumen operativo, ni la responsabilidad patrimonial de la entidad constituyen parámetros objetivamente razonables para la aplicación de sanciones; por el contrario, constituyen factores de discriminación y tratamiento arbitrario contrarios a los principios en los que se funda la sanción administrativa. En tal sentido somos de la opinión que las sanciones deben ser proporcionadas a su objeto y graduadas razonablemente, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento y las reincidencias en que el infractor hubiere incurrido, computándose únicamente como tales, las acontecidas hasta un año después de cerrado el último ejercicio económico.
Además, nos parecen excesivos los límites mínimos y máximos previstos en los apartados I y II del inciso c) que, en ciertos casos, pueden constituir un despropósito.
Resulta un total desacierto además establecer la responsabilidad solidaria de los directores, síndicos, gerentes y socios con participación significativa, por las multas.
Consideramos conveniente suprimir íntegramente el contenido de este artículo y reemplazarlo por el actual art. 58° de la Ley N° 20.091 (con la modificación introducida por la Ley N° 24.241).

Artículo 64°: Cargos automáticos
La obligación de abonar "cargos automáticos" resulta otra innovación desafortunada del proyecto que debiera eliminarse.
Si el Organo de Control tiene el deber de inspeccionar a las empresas, pretender que se pague un derecho por esta tarea resulta legalmente inadmisible.
La Ley vigente prevé el pago de la tasa uniforme (hoy del 6% sobre la prima) con destino exclusivo al sostenimiento de la Superintendencia para cumplir las funciones a su cargo.
La implantación de estos "cargos automáticos" implicaría una duplicación de tasas con el mismo destino.
Siendo que la "tasa" -desde el punto de vista tributario- hace a la retribución de un servicio que presta el Estado, su duplicación por la vía de "cargos automáticos" importa desnaturalizar la esencia, transformándolo lisa y llanamente en un impuesto.
Tampoco se compadecen estos cargos automáticos por deficiencias en capitales mínimos u otras. El sector asegurador tiene un régimen específico que lo diferencia de la actividad bancaria y financiera. Es por ello que deficiencias como las apuntadas pueden llevar a la necesidad de un Plan de regularización y saneamiento, de cuyo cumplimiento dependerá la existencia misma de la entidad, no tratándose entonces de situaciones que deban ser penalizadas económicamente a través de un cargo automático extraído del sistema bancario.

Artículo 71°: Publicación
Si bien la norma propuesta sigue el artículo respectivo de la Ley vigente, no obstante señalamos que, a nuestro criterio, debe eliminarse la posibilidad de que las resoluciones de carácter particular puedan ser publicadas sin estar firmes, atento el daño irreparable que ello puede provocar en la entidad afectada.

Artículo 72°: Calificación de entidades de seguros y reaseguros
Mientras el proyecto anterior autorizaba al Poder Ejecutivo a establecer "una metodología para la calificación de entidades" , siempre en el plano de la no obligatoriedad de la misma, en la actual redacción pareciera alterarse el sentido, por lo cual sostenemos debería mantenerse la redacción del proyecto que fue elevado al Congreso de la Nación (artículo 83°).

Artículo 74°: Seguro Agrícola
El presente artículo no tiene punto de contacto ni relación con un régimen destinado al contralor de la actividad aseguradora y reaseguradora, por lo tanto proponemos su eliminación.

Conclusiones

Entendemos que la sola enunciación de las importantes observaciones que hemos resumido, explican la necesidad de un mayor análisis de todos los temas involucrados.
Estamos a su entera disposición para aclarar o ampliar cualquier concepto expuesto en la presente.
Saludamos a usted con toda consideración.

Roberto F.E. Sollitto
Presidente
Carlos A. Tanghe
Secretario


Otras Manifestaciones

La AACS, con fecha 10 de julio de 2001, se dirigió al Secretario de Ingresos Públicos, José María Farre, con el fin de manifestar su posición con respecto al tratamiento del IVA en la actividad aseguradora.
A continuación transcribimos el texto de la respectiva presentación.


Buenos Aires, julio 10 de 2001

Señor Secretario de Ingresos Públicos
Cont. José María Farre
S / D

At. Dr. Félix Rolando

De nuestra mayor consideración:

Tratamiento en el IVA de la Actividad Aseguradora

Sin perjuicio de los análisis que está realizando la autoridad económica para establecer como regla general que el IVA se abone por lo cobrado, tal como le adelantáramos en la entrevista que tuviera a bien concedernos, queremos hacerle conocer algunas reflexiones sobre el tema enfocado específicamente para con la actividad que representamos.
Desde la vigencia del Impuesto al Valor Agregado y hasta el mes de marzo de 1992, la actividad aseguradora no se encontraba gravada por el mencionado tributo al igual que en la mayoría de los países del mundo. A partir de dicha fecha y como consecuencia del desvío, con destino a cubrir la liquidación del INdeR, de la recaudación de Impuestos Internos, nuestra actividad fue gravada con el Impuesto al Valor Agregado a la alícuota general del tributo.
Al margen de la discusión que pueda generar la gravación con este impuesto a la actividad aseguradora -en tanto sobreestima groseramente el verdadero valor agregado de la misma-, caben comentarse las disposiciones de la ley con respecto al nacimiento del hecho imponible.
Si bien la ley del tributo trata al sector como un productor de servicios destinados al consumo, la norma dispone que el nacimiento del hecho imponible se perfecciona con la emisión de la póliza. En este caso la obligación de ingresar el tributo nace por una formalidad representada por la mencionada emisión y no por haberse prestado el servicio o cobrado el mismo como se dispone para otras actividades de servicios.
Debe tenerse en cuenta que en la actividad aseguradora la prestación del servicio, esto es, la cobertura del riesgo, está ligada al cumplimiento por parte del tomador del seguro de su obligación de pago de la prima. Es así que si no existe el pago tampoco hay cobertura. A mayor abundamiento, cuando un asegurado incumple el pago, automáticamente cesa el servicio de cobertura y sólo se reinicia cuando se regulariza la situación.
Permítasenos señalar que esto resulta de mayor claridad cuando analizamos el funcionamiento de las pólizas de período mensual utilizadas por algunas empresas en el ramo automotor, donde el servicio de cobertura se brinda para cada período y por lo tanto la obligación tributaria nace con cada facturación mensual quedando así en línea con la percepción del precio.
Como puede apreciarse la desvinculación existente en la ley entre el nacimiento del hecho imponible y la prestación del servicio, exige de las compañías de seguros un gran esfuerzo financiero al ingresarse el impuesto con la emisión de la póliza y recaudarse el tributo a medida que se otorga la prestación, lo cual genera una importante masa de recursos que deben en forma continua destinarse a tal fin.
Entendemos que el tratamiento que la ley otorga en nuestra actividad al nacimiento del hecho imponible es altamente inequitativo, si se lo compara con otros servicios en los cuales la ley utiliza otros criterios como finalización de la prestación, cobranza del servicio o momento en que se produce el vencimiento del plazo fijado para su pago.
Por lo expuesto solicitamos al Sr. Secretario que teniendo en cuenta la actual situación económica que maximiza para nuestra actividad el esfuerzo financiero que demanda el cumplir con la norma actual, se propicie modificar la ley del impuesto al Valor Agregado disponiéndose que el nacimiento del hecho imponible se produzca en el momento de cobrarse cada una de las cuotas que conforman el premio del seguro, con lo cual se lo desvincula de la emisión y duración del contrato.
Debe tenerse en cuenta que esta modificación no implica necesariamente un perjuicio equivalente para el fisco dado que el cómputo del crédito fiscal de IVA a considerar por los asegurados también se traslada al momento en que éste pague el premio, difiriéndose consecuentemente en el tiempo en la misma medida que el ingreso del impuesto por parte del asegurador.
Además también debe tenerse en consideración que el tratamiento solicitado ya fue aplicado mucho tiempo atrás por la ley de Impuestos Internos, debido justamente a las características de nuestra actividad. En este tributo, en momentos en que el nacimiento del hecho imponible se producía con la emisión de la póliza, para el pago se tenía en cuenta el período de rotación de la cobranza, efectuándose el ingreso del tributo con un diferimiento en el tiempo que lo adecuaba a la misma. Posteriormente y a fin de ajustarlo con mayor precisión, el nacimiento del hecho imponible se estableció en el momento de la percepción del premio por la entidad aseguradora.
La percepción por el sistema de lo cobrado constituirá un elemento disuasivo para la elusión del gravamen y mejorará el control de la correcta liquidación del impuesto.
Saludamos a usted atentamente.

Roberto F.E. Sollitto
Presidente

Carlos A. Tanghe
Secretario

 
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