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El Seguro Ambiental Obligatorio: ¿Responsabilidad Civil o Seguro de Caución?



En el presente artículo, Jorge Furlan, Coordinador General de Prudencia Seguros, ofrece un panorama amplio sobre el Seguro Ambiental Obligatorio en Argentina, y explica por qué, de acuerdo con la legislación argentina, este riesgo se asegura en el ramo Caución.


En primer lugar, repasaremos los elementos evaluados dentro del ramo Responsabilidad Civil (RC) que no posibilitaron, hasta el presente, concretar en ese ramo la cobertura exigida por la Ley Nº 25.675. El Artículo 22 de la Ley Nº 25.675/2002 (que fija la política ambiental en la Argentina) dispone contratar Seguro Ambiental Obligatorio, y se cumple con la presentación de una póliza del ramo Caución. Este seguro es un instrumento contractual que se obliga a reparar en vía administrativa los daños ambientales definidos por la Ley citada, ante el incumplimiento del obligado a realizar el trabajo. Se debe tener en cuenta que la exigencia de la reparación se basa en un régimen de responsabilidad objetiva (Artículo 28 Ley Nº 25.675), sin intervención de culpa o infracción normativa de quienes contaminen y deban reparar el daño que produzcan, y coexiste, a su vez, con un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia. El principio de progresividad de la Ley Nº 25.675 hace que inicialmente se exija garantizar las reparaciones que tengan que ver con el agua y el suelo, y solo cubrirá los daños cuya primera manifestación o descubrimiento se produzcan con posterioridad a la contratación.
La característica de la póliza del SAO no merecería mayores consideraciones si las condiciones particulares del contrato quedaran solamente encuadradas en garantizar la existencia de los fondos suficientes para la recomposición del daño ambiental.
El concepto aplicado para definir el alcance de la cobertura, no fue abordado con los criterios de los seguros clásicos ya que se instaura un instrumento preventivo y adicional a la suscripción del ramo Caución, al precalificar el riesgo ambiental y determinar la situación inicial del mismo. A su vez, su seguimiento posterior, es una garantía de sustentabilidad del riesgo asumido.
Precaución y prevención son criterios prioritarios en la gestión ambiental, no podrá alegarse la certeza técnica como razón para no adoptar medidas que se recomienden sobre el particular. En el taller de expertos convocado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en el año 2003, se dijo que ambos criterios responden al deber de preservación previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Sin embargo, se diferencian en cuanto a que el preventivo opera en caso de “certidumbre” , mientras que el precautorio se aplica para el caso de “falta de certeza científica” .
La suscripción del riesgo responde a los requisitos del ramo Caución, donde se evalúa fundamentalmente la situación económica y patrimonial del requirente a través de sus balances, información crediticia y todo otro dato de la sociedad que haga a determinar su capacidad de cumplimiento de la obligación que se garantiza. Además, se agrega a lo anterior, un estudio de la situación ambiental de la empresa, cuyo contenido es confidencial. Para cumplir con esta última exigencia, la aseguradora contempla la posibilidad de evaluar los trabajos ambientales que ya puedan haber realizado o posean las empresas solicitantes, tomando en cuenta, fundamentalmente, su actualidad y el que contemplen los datos necesarios para cumplir con las distintas exigencias normativas. Además de los últimos informes ambientales, los planes de contingencia existentes en la empresa del solicitante son parte de la suscripción del riesgo.

¿Responsabilidad Civil o Caución?
Mucho se debatió sobre el ramo en el cual se debería encuadrar la cobertura, puntualmente respecto de la existencia de la transferencia del riesgo.
Para comprender por qué finalmente se opto por un seguro de Caución para cumplir con la obligación establecida en la Ley de Control Ambiental debemos señalar los siguientes aspectos:
El interés asegurable. El Artículo 60 de la Ley Nº 17.418 (Ley de Seguros de la Argentina) establece que cualquier riesgo es asegurable si existe interés económico de que un siniestro no ocurra.
Francisco Migliardi en su libro sobre comentarios a la Ley de Seguros, señala que el seguro legislado por la Ley Nº 17.418 es el que protege el interés que se tiene sobre una cosa y no la cosa en sí. Agrega que no solamente puede asegurarse el interés sobre las cosas, sino también aquel interés que tiene por objeto derechos, particularmente de créditos o garantías de créditos, como el seguro de Hipoteca. Es decir, la ley protege todo riesgo respecto del que exista un interés económico lícito de que no ocurra un siniestro. Por ello, el interés asegurable es un elemento esencial al contrato de seguros, pues constituye el objeto del contrato cubrir del “riesgo” este interés. Justamente, el artículo 2º de la Ley de Seguros establece: “El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa en contrario”.
En otras palabras, el interés asegurable es la relación económica entre una persona y una cosa o un bien, amenazada por un riesgo determinado. Esa relación puede provenir de un hecho o de un derecho, pero lo esencial es que verificado el siniestro la persona sufra un perjuicio económico mensurable.
Ahora bien, en el caso del riesgo ambiental, ¿de quién es el interés asegurable? Como afecta al medioambiente, es de toda la comunidad. Por tanto, que se cumpla con la Ley Nº 25.675 que obliga a reparar el daño, interesa a la comunidad en su conjunto aunque no tenga un beneficiario directo. Entonces, estos intereses difusos que pertenecen a toda la comunidad y que en lo ambiental son garantizados a todos los ciudadanos, ubica al Estado como el titular del interés asegurable, por ser el sujeto que puede actuar como acreedor de los derechos ambientales de toda la comunidad según el Artículo 41 de la Constitución Nacional.
Asimismo, en las resoluciones reglamentarias de la Ley Nº 25.675 que se refieren en forma genérica a seguros de Responsabilidad Ambiental, sólo mencionan a la cobertura de Caución como uno de los posibles tipos de póliza a utilizar.
La Responsabilidad por daño ambiental en la Ley General del ambiente y el Código Civil. La definición de daño ambiental de incidencia colectiva establecida por la Ley General del Ambiente (LGA), Art. 27, difiere el daño ambiental en sí mismo del daño ocasionado a los individuos (sea en sus bienes o en sus personas) a consecuencia del daño ambiental. De este modo, el daño cuya reparación prevé la LGA es cuando se altera o destruye el ambiente (en los recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos). Es decir, el sistema de responsabilidad contemplado en la LGA es referido exclusivamente a la reparación del daño de incidencia colectiva y no del daño a las personas o sus bienes a consecuencia de la alteración del ambiente, ya que esta cuestión es regulada conforme el derecho clásico de daños (principalmente en el Código Civil, como derecho de fondo). El Código Civil contiene un régimen resarcitorio para indemnizar individualmente a las personas por los daños y perjuicios ocasionados por el sujeto responsable. Allí, la responsabilidad civil se diferencia según exista un vínculo contractual previo -o no- entre el responsable y la víctima del daño (responsabilidad contractual o extracontractual). Además, el Código distingue la responsabilidad según cuál sea el factor de atribución de responsabilidad: si se basa en la culpa (noción que, genéricamente, comprende también al dolo) se trata de responsabilidad subjetiva; si, contrariamente, el factor de atribución prescinde de la culpa se responde por el riesgo, dando así lugar a la responsabilidad objetiva. En cada caso, varían los plazos de prescripción, alcance de la indemnización, causales de exoneración, etc.
Por su parte, la LGA, cumpliendo lo que manda el Artículo 41 (deber prioritario de recomponer), prevé la remediación del ambiente dañado (en el caso de que no sea técnicamente factible, se podrá fijar una indemnización sustitutiva a través de la instancia judicial ordinaria), determina expresamente la responsabilidad objetiva por el daño causado (Art. 28) y por último, dispone una especial causal de exención de responsabilidad cuando, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (Art. 29).
Surge entonces que la LGA prevé un régimen especial de responsabilidad más estricto que el de responsabilidad civil estipulado en el Código, así como principios jurídicos novedosos (precautorio, preventivo, de responsabilidad) a partir de cuya aplicación se amplían los postulados clásicos en materia de responsabilidad por daños. Del mismo modo, extiende el universo de legitimados para demandar la recomposición del ambiente, las facultades del juez interviniente, los efectos de la cosa juzgada y de la responsabilidad (solidaridad en caso de indeterminación precisa de los responsables, extensión a autoridades y profesionales en caso de personas jurídicas), entre otras cuestiones.
En ese marco, la misma Ley establece la obligatoriedad del responsable de toda actividad riesgosa para el ambiente, de contratar un seguro para garantizar el financiamiento de la remediación del daño ambiental (Artículo 22). En síntesis, el Seguro Ambiental Obligatorio, tal como ha sido reglamentado por la Nación a través de su Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y su Secretaría de Finanzas, cumple doble función: una principal, de garantía de la recomposición del daño, y otra preventiva, por el análisis de la situación ambiental previa realizado por la aseguradora al evaluar el riesgo asegurable.
Otros aspectos de relevancia que definen al seguro de Caución como el único posible de cumplir con lo requerido en la Ley Nº 25.675/02. -El articulado de póliza, en especial en lo vinculado con las exclusiones y lo establecido en este aspecto por la Ley de Seguros Nº 17.418.
-La exigencia del capital asegurado, en la Ley de ambiente se fija a través de una fórmula polinómica que debe responder al costo máximo de una reparación de un daño ambiental de incidencia colectiva para el establecimiento de una actividad determinada. Esto apunta a garantizar la financiación del costo del daño a reparar. Por el contrario, dentro de una cobertura de RC que responde por una demanda, se contemplan compensaciones individuales y otros componentes diferentes en cada reclamación, los cuales no tienen vinculación alguna con el costo de la reparación sino con compensaciones patrimoniales.
-La cobertura de Responsabilidad Civil, para operar su ejecución ante un siniestro, tiene en cuenta que exista acto antijurídico, daño probado, culpa y que haya una relación causal entre quien produjo el acto y el daño. Es decir, en la responsabilidad civil la responsabilidad es subjetiva, a diferencia de la ambiental que es objetiva (Artículo 28 de la Ley Nº 25.675).
En consecuencia, probar los hechos señalados precedentemente, frente a la necesidad y obligación de tener que actuar con premura ante una reparación, lleva un período de tiempo variable pero, por lo general, nunca tan breve como plantea la reparación de un daño ambiental.
Ninguno de estos supuestos se da en la póliza de Caución ambiental aprobada, en la cual se establece la obligación de hacer la reparación ante el incumplimiento del tomador.
-Las condiciones generales de las pólizas de RC no admiten cubrir el dolo; la culpa grave, la reticencia o los hechos ilícitos del asegurado (cfr. Ley Nº 17.418 Título I, Capítulo IV-Disposiciones finales Art. 158). Cubrir el dolo desnaturalizaría el seguro, ya que dejaría librado a la voluntad del asegurado la producción del siniestro. Por otra parte, es principio general del artículo 507 del Código Civil, que la dispensa del dolo no es válida.
Ninguno de estos supuestos se da en las exclusiones de la póliza de Caución aprobada ya que el tomador no forma parte de la relación entre el asegurador y asegurado y, en consecuencia, al garantizado no le son aplicables los temas mencionados con anterioridad.
-El legitimado para el reclamo de un siniestro de RC es quien sufrió el daño. En el caso de ambiente, la Ley Nº 25.675 en el Artículo 30 establece quienes lo son.
-El daño y perjuicio en la RC, en principio, es de naturaleza individual. En el caso que nos ocupa en ambiente, es de interés colectivo.
-La falta de pago del premio en la RC deja en suspenso o anula la cobertura. No sucede esta circunstancia en el seguro de Caución. Como es conocido, la falta de pago de la prima no suspende ni anula la cobertura otorgada.
-En el riesgo ambiental se trata de procesos colectivos que hacen a bienes colectivos para derechos de tercera generación, lo cual nada tiene que ver con la RC, tal como está actualmente legislada en el derecho común.
Por último, vale señalar que el costo del seguro de RC se estructura sobre bases de cálculos que lo hacen más costoso respecto de un seguro de Caución que se basa en la evaluación de la situación económica patrimonial de la firma recurrente, que si es razonablemente sólida, la tasa es reducida en su valor.


 
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