El sistema argentino de riesgos del trabajo acumula tres décadas de resultados concretos en materia de prevención y cobertura, pero enfrenta una litigiosidad estructural que multiplica 23 veces la tasa de Chile y 16 la de España, sin correlato en la siniestralidad real. Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), expuso estos desafíos durante el Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros organizado por la revista Mercado Asegurador, el jueves 28 de mayo de 2026, en la disertación titulada Desafíos de los Sistemas de Riesgos del Trabajo en América Latina. En esta edición dedicada a los riesgos del trabajo, la titular de UART desarrolla los datos del sistema, las distorsiones judiciales que lo acosan y las señales positivas que trae 2026.
Un Sistema que Funciona, Cada Vez Más Presionado por la Litigiosidad
La presentación se estructuró en dos grandes bloques: los datos duros del sistema y las novedades positivas que trajo el año en curso. El título del trabajo funciona como un llamamiento directo: la justicia se encuentra, una vez más, ante la oportunidad de cumplir con el rol que le asigna la ley. No se trata de reclamar nueva legislación ni reformas adicionales, sino de que el Poder Judicial aplique la normativa vigente.
Cuatro hechos grafican el estado actual del sistema: está en pleno funcionamiento, genera resultados comprobables en prevención, pero se encuentra sistemáticamente jaqueado por la litigiosidad. Esta última no solo lo sobrecarga en términos económicos, sino también administrativos, dado el volumen de causas que genera.
La Paradoja Central: Menos Siniestros, Más Juicios
Los datos del sistema exhiben una paradoja que se ha vuelto estructural: los siniestros reales bajan sistemáticamente, mientras que la litigiosidad crece con dinámica propia. Esto ocurre independientemente de las mejoras en prestaciones, del incremento en la cobertura, de la mayor celeridad en los pagos o del fortalecimiento del procedimiento administrativo que la propia Corte Suprema reclamó en su momento.
Los números son elocuentes: la tasa de fallecimientos en el ámbito laboral disminuyó un 79%, lo que equivale a 20.000 muertes evitadas. La siniestralidad real bajó un 54%, lo que implica 5 millones de siniestros evitados gracias a la prevención. Estos son datos objetivos que acreditan la eficacia del sistema en su función esencial.
El lado B, sin embargo, es la litigiosidad. Durante el último año ingresaron al sistema 134.000 juicios. Para dimensionar la magnitud de esa cifra, basta con la comparación internacional: si Argentina tuviera la tasa de litigiosidad de España, los juicios serían 8.000; con la tasa de Chile, apenas 5.600. Es decir, el sistema tramita 16 veces las causas que tramita España y 23 las que Chile, con prestaciones superiores y una tasa de siniestralidad comparable.
El Origen de la Litigiosidad: Dictámenes Médicos y Dolencias de Baja Complejidad
Un relevamiento realizado por la Fundación Mediterránea permite identificar el perfil de los juicios ingresados. El 88% de las causas parten de un dictamen de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que determinó incapacidad cero o que la dolencia no es indemnizable. En sede judicial, el desvío promedio respecto de ese dictamen oficial es de 14 puntos porcentuales adicionales de incapacidad.
El tipo de dolencias que concentra la litigiosidad tampoco responde a accidentes graves. Se trata mayoritariamente de lumbalgias y a las que suman afecciones psicológicas, con variaciones según la jurisdicción: en CABA predominan las causas de origen psicológico; en Córdoba, las lumbalgias. Son las mismas patologías que, desde hace años, se asocian a lo que en el sector se denomina la industria del juicio.
A esto se suma el contexto macroeconómico: el desempleo contribuye a la judicialización, en tanto la demanda por riesgos del trabajo funciona en la práctica como un mecanismo informal de seguro por desempleo. Los procesos de mayor antigüedad, además, acumulan intereses y actualizaciones que agravan exponencialmente el costo final de cada causa.
Mapa Judicial: Criterios Fragmentados y Proliferación de Causas
La fragmentación de criterios judiciales es uno de los factores que más alimenta la litigiosidad. El mapa elaborado por UART distingue tres situaciones provinciales. En las zonas marcadas en verde existe alineamiento entre los tribunales inferiores, las cortes provinciales y la Corte Suprema de la Nación. En las zonas en naranja, la corte provincial coincide con la doctrina nacional, pero los tribunales inferiores no aplican lo que establece su propio superior. Y hay jurisdicciones donde la brecha entre los distintos niveles del Poder Judicial es aún mayor.
La lógica de esta proliferación es simple: cuando la respuesta máxima que puede recibir una demanda es un rechazo, y ese rechazo ocurre con escasa frecuencia, la racionalidad del litigante indica que siempre conviene iniciar una acción. La multiplicidad de criterios amplifica ese incentivo.
El Costo para el Mercado Asegurador y la Ecuación Tarifaria
En términos de impacto económico, la litigiosidad actual representa anualmente el equivalente a 7 millones de salarios mínimos. La alícuota promedio vigente es del 3% de la nómina salarial, con variaciones por actividad y por el registro individual de siniestralidad y litigiosidad de cada empleador. Sin embargo, si se incorporara al cálculo técnico el volumen actual de juicios y los criterios de actualización aplicados por la justicia, la alícuota necesaria treparía al 5,15%. Es decir, el sistema opera con un déficit técnico implícito del orden del 70% en la tarificación, una situación que no es trasladable al mercado en las condiciones macroeconómicas actuales.
El fondo de reserva, financiado con el 1,5% de las primas del mercado, cumple la función de cobertura ante liquidaciones de aseguradoras de riesgos del trabajo. Este mecanismo está funcionando actualmente en el caso de Galeno ART, la compañía que se encuentra en proceso de liquidación. El fondo afronta los siniestros en danza de esa cartera y los empleadores afiliados se redistribuyen entre el resto de las aseguradoras del sistema. Por ahora el fondo alcanza, pero su diseño responde a situaciones excepcionales, no a la absorción de un problema estructural. Ampliar indefinidamente su financiamiento sería trasladar el costo de la disfunción judicial al conjunto del mercado, lo que no resulta ni sostenible ni técnicamente correcto.
2026: Señales Positivas en las Jurisdicciones Clave
Cinco jurisdicciones —Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Mendoza y Córdoba— concentran el 86% de los juicios del sistema. Las novedades de 2026 en estas provincias son el principal motivo de cautela optimista.
En la Provincia de Buenos Aires, que acumula el 40% del flujo y del stock de litigiosidad del sistema, la Suprema Corte dictó el fallo Galarza, que establece la aplicación de tasa activa sin capitalizar. Esta resolución desactiva la indexación acumulativa que operaba sobre los montos de condena y despeja el criterio para las instancias inferiores, al menos en sede de casación.
En Santa Fe, el gobernador asumió un compromiso explícito con el ordenamiento pericial: se pasó de tres cuerpos médicos forenses a nueve, con tres ya en funciones y seis en proceso de integración con un plazo que no debiera exceder de los tres meses. Esta jurisdicción también registró un fallo favorable de la Corte Provincial en materia de intereses.
En Mendoza, una de las primeras provincias en implementar el cuerpo médico forense, la experiencia mostró resultados técnicamente significativos: en el 90% de los casos sometidos al cuerpo, la incapacidad reconocida en sede judicial se redujo a dos tercios respecto de la pretensión inicial. El problema fue la cobertura: solo alcanzaba al 3% de las causas. La decisión de incorporar más peritos apunta a escalar ese impacto y producir la autorregulación del sistema: cuando las pericias judiciales convergen con los dictámenes de las Comisiones Médicas Oficiales, el incentivo para litigar se reduce.
En CABA, el avance se vincula al traspaso del fuero laboral, un proceso que estaba previsto normativamente pero que no había tenido ejecución efectiva. En Córdoba, los datos son los más concretos: los juicios ingresados cayeron un 20% el año anterior y un 11% en lo que va de 2026. El motivo principal fueron dos procesos penales de relevancia —uno en enero y otro en julio— que resultaron en la detención de abogados y peritos implicados en maniobras fraudulentas. Bettiol fue clara al respecto: la vía penal no es la solución estructural. La solución de fondo sigue siendo la constitución y el funcionamiento pleno del Cuerpo Médico Forense, con criterios uniformes y baremos aplicados con independencia del evaluador.
La Ley de Modernización Laboral: Cuatro Aspectos Clave para el Sistema
La ley de modernización laboral incorporó disposiciones directamente vinculadas al funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo. Cuatro aspectos fueron destacados por la titular de UART.
El primero es la revalidación del procedimiento administrativo previo a la instancia judicial, reforzando la obligatoriedad del tránsito por las Comisiones Médicas. El segundo es la desvinculación de los honorarios periciales del resultado del juicio: los peritos no podrán cobrar en proporción al monto de la condena, lo que elimina uno de los incentivos más distorsivos del sistema pericial.
El tercero es el que Bettiol describió como algo que parece una locura que haya que legislar: la obligación de los jueces laborales de acatar los fallos de la Corte Suprema de la Nación, con exposición a denuncia ante el Consejo de la Magistratura en caso de incumplimiento. El cuarto es la regulación del traspaso del fuero laboral de CABA a la justicia nacional, con los recursos necesarios y el acuerdo de partes que ya ingresó a la legislatura porteña.
La Cobertura de Trabajadores Independientes: Una Deuda Pendiente por Causa Judicial
Uno de los puntos más ilustrativos de cómo la disfunción judicial afecta al desarrollo del mercado asegurador es la imposibilidad de extender la cobertura de riesgos del trabajo a los trabajadores independientes. Los 2,5 millones de trabajadores independientes en blanco representan un 25% del mercado actual, lo que lo hace técnicamente atractivo para el sistema. Los tres candidatos presidenciales en 2023 incluyeron esta cobertura en sus plataformas. El gobierno la impulsa. Las aseguradoras quieren darla.
El problema es que no hay forma de calcular la prima. La litigiosidad del sistema es tan impredecible en sus criterios y magnitudes que resulta imposible modelar el riesgo con un nivel de certeza que permita tarifar responsablemente. En palabras de Bettiol: si tuviéramos que ponerle un precio a eso, es algo que no es pagable. Esa es, quizás, la demostración más concreta de cómo las decisiones del Poder Judicial inciden directamente en la generación de empleo registrado y de calidad.
Treinta Años de Sistema: Balance y Perspectiva
El sistema de riesgos del trabajo cumple 30 años de vigencia desde el 1° de julio. El balance es el de un esquema que demostró su eficacia en la función preventiva y en la cobertura de las contingencias laborales, con prestaciones dinerarias abonadas en 15 días y prestaciones en especie de por vida cuando corresponde. Las sucesivas reformas contaron con el impulso de la estructura productiva —empleadores y trabajadores— lo que evidencia que el sistema es valorado más allá del sector asegurador.
La tarea que queda, reconoció Bettiol, es ardua. Pero las luces positivas de 2026 muestran que cuando los instrumentos legales se aplican —el baremo, el Cuerpo Médico Forense, los criterios de la Corte—, hay posibilidades de reconducir este descalabro. Lo que falta es la decisión política del Poder Judicial de cumplir con una ley vigente desde 2017. No más, no menos.
