Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), desarrolla en esta nota la actualidad del mercado de Riesgos del Trabajo, las oportunidades y desafíos que enfrenta. La especialista afirma que luego de 28 años de trayectoria exitosa, en la que demostró su utilidad para empresas y trabajadores, su calidad de servicio y en los que llegó a convertirse en un aspiracional para los que todavía carecen de esta cobertura, el Sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa una situación crítica. Efectivamente, pende sobre él como una Espada de Damocles, la amenaza de una judicialidad creciente e injustificada, con una serie de agravantes que empeoran aún más la situación.
En torno al Día del Seguro, fecha por demás significativa para todos los que nos desempeñamos en esta actividad, es clave explicar por qué tenemos esta mirada de un ramo que hoy cubre a más de 10 millones de trabajadores y aun universo de más de un millón de empleadores, todos con una alta valoración de la prestación: asesoramiento en prevención y atención inmediata e integral de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
La situación es paradojal. Todo indica que, ante la clara baja de los accidentes (-46 % sin in itinere y -36% con in itinere) y de los fallecimientos (-78% sin in itinere y -73% con in itinere), lo que en números de personas indica haber evitado 3,9 millones de siniestros y 17.700 fallecimientos, los juicios deberían haber disminuido. Pero no, al contrario.
Podríamos sumar al contrasentido, que gracias a la prevención, los accidentes son mucho menos graves. De hecho, desde 2010 a hoy se registra una disminución del 39% de la incapacidad permanente (ILP). Un importante logro obtenido por el empeño conjunto de empleadores, trabajadores, ART y el Estado fiscalizando. Todo esto acompañado por cobertura integral, sin costos extra de ningún tipo, desde el minuto cero hasta la total recuperación o máxima posible y con indemnizaciones dinerarias actualizables por RIPTE de manera de que conserven su valor resarcitorio. Más pisos prestacionales que también se actualizan y que tienen en cuenta el porcentaje de incapacidad, la edad de la persona y si fue o no en ocasión del trabajo. En 2023 se brindaron 5,6 millones de prestaciones asistenciales, a pesar del contexto de crisis en el sector salud. Agreguemos que el 63% de los accidentados vuelven al mercado laboral, ya sea a su puesto de trabajo, reinsertados o recalificados. Y que la mayoría de los siniestros son leves.
Comparación Internacional
Como si todo esto fuera poco, si comparamos la cobertura que brinda el Sistema de Riesgos del Trabajo argentino con el chileno o el español, con muchos más años de trayectoria, salta a simple viste que el nuestro es mucho más amplio. Cubre todas las incapacidades, mientras que los otros dos con una franquicia de 15% y 33% y se reconoce también el 100% del salario, frente al 75% de España. Y además se resarce más ampliamente que en estos países la incapacidad laboral permanente. Y lo más llamativo es que con tasas de siniestralidad parecida en Argentina hay 114 juicios por cada 10 mil trabajadores, en Chile 5,8 y en España 9,5.
El Sistema, además, fue refrendado en su accionar con más de 20 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, y a pesar de estos avales, de las reformas y modificaciones que se le hizo, de los resultados en disminución de la siniestralidad, de la actualización de los montos dinerarios, de la atención inmediata e integral, de haberse constituido en anhelo para los que carecen de él, está puesto en jaque por el aumento de demandas. En 2022, las nuevas demandas fueron 93.660. En 2023, 117.348. 2024, ya indica una tendencia claramente creciente.
La Solución son los Cuerpos Médicos Forenses
¿Por qué? Porque son el organismo que estableció la Ley 27348/17 para cerrar la brecha entre el procedimiento administrativo y el judicial. No tenemos que inventar la pólvora. Ya está la solución y en manos de quién se encuentra: de la Justicia. En CABA, como carece aún de Justicia Laboral propia, depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En las provincias adheridas a la Ley, de sus máximas autoridades judiciales. Solo Mendoza lo creó, y por ahora los resultados obtenidos son esperanzadores.
Nuevamente, ¿por qué los Cuerpos Médicos Forenses son la solución? El tema pericial está distorsionado en su accionar. Los honorarios de los peritos son un porcentaje del valor de la sentencia. El punto es que ese resarcimiento se establece en base al daño que ellos mismos determinan. A más daño, más honorario. Claro incentivo para ser “generosos” en la asignación del mismo.
Los peritos hoy se anotan en un listado para trabajar como forenses y se les asignan los casos por sorteo. Y establecen porcentajes de incapacidad sin referenciarse en el Baremo de la ley. De hecho, en promedio adicionan 12.5 puntos de incapacidad. Aclaremos que el 88% de los juicios ingresados, antes pasaron por dos instancias administrativas, que determinaron 0% de incapacidad remanente. Es decir que según el baremo no corresponde ser indemnizados.
¿Qué exige la Ley 27348 para ordenar este descalabro?:
1- Que sean elegidos por concursos de antecedentes
2- Que sus honorarios se desacoplen de las sentencias y que cobren por sueldo o acto médico.
3- Que utilicen el Baremo de la Ley para determinar los porcentajes de incapacidad y el listado de enfermedades profesionales.
4- Que intervengan en todos los casos.
Este ABC, claro, preciso y contundente, inexplicablemente tiene 7 años de demora. Y esa demora no es gratis. Distrae enormes recursos del sistema, que en definitiva es plata de cada uno de los empleadores al servicio de cada uno de los trabajadores ante la eventualidad de accidentarse.
De constituirse estos Cuerpos Médicos Forenses, se cerraría el círculo virtuoso que diseñaron legisladores de todos los partidos con apoyo de los diferentes sectores involucrados. El procedimiento administrativo y el judicial llegarían al mismo resultado, medirían con la misma vara, con lo cual no tendría sentido litigar.
Ahora bien, en paralelo hay otro punto a resolver que son las tasas de actualización que aplican los diferentes tribunales. Existe una miríada de criterios en simultáneo. Incluso dentro de un mismo tribunal. La Corte Suprema, incluso, mandó a recalcular en dos ocasiones ya indemnizaciones irracionales otorgadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Esta anarquía no sólo es injusta, ya que asigna sumas totalmente diferentes a casos semejantes, si no que hace imposible predecir costos y tarifar en consecuencia. Atenta claramente contra la solvencia del Sistema.
De hecho, las alícuotas serían muy diferentes según cuál sea el método de actualización a aplicar yendo de 2,25% (alícuota técnica sin juicios); a 2,36 con CMF y una judicialidad marginal; 2,48% la actual; 3,15% la alícuota técnica con los juicios actuales y 4,41% con los juicios actuales y la desproporción de tasas. Cuidar el trabajo argentino, exige resolver esta problemática con urgencia.
La situación que describí amerita una rápida solución. Ya no hay tiempo para más dilaciones porque el daño producido por la demora es enorme. Exhortamos a las autoridades del Poder Judicial a tomar cartas en el asunto y resolverlo. Son ellos los que deben hacerlo. La salud y la seguridad de los trabajadores exige la responsabilidad de todos, nadie puede omitir la suya. Resuelto este punto crítico, el sistema podría plantearse crecer incluyendo más colectivos en la cobertura.

