En este artículo, Mara Bettiol, Presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), comenta la situación actual del mercado de seguros de riesgos del Trabajo, las actividades que realiza la asociación y los desafíos que enfrenta. El Sistema de Riesgos del Trabajo cumple treinta años con resultados que pocas políticas públicas pueden exhibir. Actualmente, protege a más de 10 millones de trabajadores y cerca de un millón de empleadores.
Desde su creación, los siniestros laborales se redujeron un 54% y los fallecimientos, un 79%. Detrás de esas cifras hay vidas preservadas, accidentes evitados y una red nacional que previene, atiende, rehabilita y repara todos los días.
El sistema construyó una infraestructura que el país no tenía antes de 1996: información sistemática sobre accidentabilidad, atención médica integral y especializada, recalificación profesional y prestaciones actualizadas. Sigue funcionando y dando respuestas. Por eso debemos cuidarlo.
La pregunta incómoda aparece cuando se observa la evolución de la litigiosidad. Si disminuyeron de manera tan marcada los accidentes y los fallecimientos, ¿cómo se explica que los juicios hayan aumentado un 91% desde 2019? En 2025 ingresaron más de 134.000 nuevas demandas y la proyección para 2026 ya ronda las 138.200. La experiencia internacional vuelve todavía más evidente la anomalía: con niveles de siniestralidad comparables, la Argentina registra 23 veces la judicialidad de Chile y 14 veces la de España.
Los datos permiten precisar el problema. En el 87% de los juicios analizados no se había determinado incapacidad en la Comisión Médica oficial; el 82% correspondía a dolencias leves, como esguinces, lumbalgias o contusiones; y la instancia judicial agregaba, en promedio, 14 puntos de incapacidad. Para una misma patología, las valoraciones varían significativamente entre peritos y jurisdicciones.
Esto no significa desconocer el derecho a la revisión judicial ni cuestionar los reclamos legítimos, que deben ser atendidos y reparados. Significa algo más básico: una misma lesión debería recibir una valoración técnica consistente, cualquiera sea la instancia en la que se analice. Cuando el resultado depende del perito sorteado, del tribunal interviniente o de la jurisdicción, la incertidumbre deja de ser una excepción y pasa a formar parte del sistema.
La brecha entre las Comisiones Médicas y la Justicia genera, además, un incentivo directo a judicializar. Si la instancia judicial ofrece adicionales de incapacidad, criterios variables de actualización y honorarios ligados al resultado de la pericia, la conciliación previa pierde sentido. Se cumple la regla administrativa y luego se litiga la excepción.
El impacto excede ampliamente a las aseguradoras. Cada juicio incorpora honorarios, pericias, tasas, gastos y años de incertidumbre. Esos costos terminan reflejándose en las alícuotas que pagan los empleadores, deterioran la competitividad, afectan la generación de empleo y desvían recursos que deberían destinarse a prevenir accidentes, atender a los trabajadores y reparar daños. Por eso la litigiosidad no es un problema financiero de las ART: es un problema del sistema laboral argentino.
La magnitud alcanzada obliga a actuar, pero 2026 también trajo avances concretos que muestran un camino posible. El nuevo Baremo actualiza los criterios científicos para evaluar incapacidades. Los procedimientos ante las Comisiones Médicas fueron fortalecidos y simplificados. En las cinco jurisdicciones que concentran el 86% de los juicios comenzaron a registrarse decisiones relevantes, aunque se encuentran en distintas etapas.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires fijó en el fallo Galarza un criterio de actualización que limita la capitalización de intereses y puede ordenar a los tribunales inferiores en la jurisdicción con mayor stock de causas. Santa Fe puso en marcha su Cuerpo Médico Forense y avanzó en la reforma del procedimiento laboral. Mendoza anunció la incorporación de más peritos para intervenir en los juicios laborales. Córdoba creó un servicio de peritos médicos oficiales especializados. En la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso del fuero laboral abre la oportunidad de diseñar desde el inicio reglas procesales y periciales consistentes en una jurisdicción que concentra alrededor del 19% de los juicios del país.
Estos avances merecen ser reconocidos, pero todavía son insuficientes frente a la magnitud y la velocidad del problema. Una ley, un fallo o la creación formal de un cuerpo pericial no modifican por sí solos la realidad. Los cuerpos médicos deben integrarse mediante concursos, contar con profesionales especializados, intervenir de forma sistemática y aplicar el Baremo y el listado de enfermedades profesionales. Sus honorarios deben estar desacoplados del porcentaje de incapacidad determinado. Y los tribunales inferiores deben aplicar de manera consistente los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los superiores tribunales provinciales.
La prioridad es la celeridad y la eficacia en la instrumentación. No necesitamos inventar nuevas herramientas ni construir megaestructuras para administrar una anomalía. La Ley 27.348 ya previó comisiones médicas como instancia técnica oficial y cuerpos médicos forenses especializados. El desafío es completar y hacer funcionar aquello que ya fue aprobado, especialmente en las jurisdicciones donde se concentra la litigiosidad.
Cerrar la brecha no implica restringir derechos. Por el contrario, una evaluación técnica objetiva, uniforme e independiente mejora la calidad de las decisiones, acelera la reparación de los reclamos genuinos y brinda previsibilidad a trabajadores, empleadores y aseguradoras. La judicialización debe volver a ser la vía para resolver la excepción, no una segunda instancia que reescribe sin parámetros comunes lo ya evaluado técnicamente.
Después de treinta años, el Sistema de Riesgos del Trabajo no necesita ser reinventado. Necesita preservar aquello que explica sus resultados y corregir con urgencia la distorsión que hoy amenaza su sustentabilidad. Las novedades judiciales de 2026 abren una oportunidad concreta. Aprovecharla depende ahora de las máximas autoridades judiciales de cada provincia y, en la práctica cotidiana, de que los tribunales inferiores conviertan esos criterios en decisiones consistentes.
El sistema sigue dando respuestas. La tarea de la nueva etapa es asegurar que pueda seguir haciéndolo, con sus recursos puestos donde deben estar: en la prevención, la atención del trabajador, la reparación adecuada del daño y menores costos.
